Opinión
Vicente Vallés recuerda que a pesar de la renovación del Tribunal Constitucional, la "batalla político-judicial no ha terminado, y difícilmente terminará en 2023, porque entramos en año electoral".
Esta semana se ha producido un hecho muy relevante. Ha habido un acuerdo entre el sector conservador y el sector progresista del Consejo del Poder Judicial. En el país de los desacuerdos, que se llegue a un pacto es, en sí mismo, una noticia.
De momento, ya se ha conseguido normalizar la situación del Tribunal Constitucional, con el nombramiento de nuevos magistrados. Moncloa se asegura una mayoría progresista de esa institución para los próximos nueve años, incluso aunque en ese tiempo llegue a haber un gobierno de derechas.
Pero si alguien esperaba que la renovación del Tribunal Constitucional supusiera un primer paso para renovar el Consejo del Poder Judicial, debe perder toda esperanza. El PP ha dejado claro que facilitar una cosa no significa facilitar la otra. Los populares se niegan a reanudar las negociaciones con Moncloa, mientras Pedro Sánchez mantenga su dependencia de Esquerra y Bildu. Y Sánchez no ha dado ninguna pista de que esté dispuesto a desconectarse de esos partidos independentistas.
La batalla político-judicial no ha terminado, y difícilmente terminará en 2023, porque entramos en año electoral.