Vicente Vallés, sobre la polémica del castellano en Cataluña: "La situación es incómoda para Sánchez porque los incumplidores son determinantes para la legislatura"

Se supone que lo normal en una democracia es que se cumplan las sentencias judiciales. Muy especialmente, si quien tiene que cumplirlas es una institución del Estado.

Pero esto no siempre pasa en España. La Generalitat de Cataluña es una institución del Estado, y debería haber organizado la educación en sus escuelas de tal forma que el 25 por ciento de las clases se dieran en castellano.

Así lo establece una sentencia del Tribunal Superior de Justicia, con el aval del Tribunal Supremo. Pero ha llegado el día de aplicar esa resolución judicial, y la Generalitat no la ha aplicado.

Y no solo eso: ha emitido un decreto para que no se aplique. Y ha advertido a los docentes de que los estarán vigilando para asegurarse de que no la apliquen.

Por el momento, el gobierno central ha decidido no adoptar ninguna medida. De hecho, ni siquiera ha querido opinar. Moncloa se limita a decir que las sentencias hay que cumplirlas.

La situación es incómoda para Pedro Sánchez, porque los incumplidores son de Esquerra, y los diputados de Esquerra son determinantes para mantener viva la legislatura.