Opinión
El informe de los letrados del Congreso supone una desautorización realizada por expertos en la materia.
Una de las decisiones que adoptó Francina Armengol, al ser elegida presidenta del Congreso el pasado verano, fue sustituir al letrado mayor de la cámara. Y decidió que el sustituto fuera Fernando Galindo, un alto cargo del gobierno de Pedro Sánchez, que, obviamente, se esperaba que emitiera un informe positivo sobre la ley de amnistía.
Y, en efecto, eso es lo que hizo. Galindo permitió que se tramitara esa ley, al contrario de lo que había establecido el anterior letrado mayor con otra proposición de ley de amnistía planteada por Esquerra Republicana, en 2021. A su vez, Galindo apartó a Manuel Fernández Fontecha, que era el letrado de la comisión constitucional, donde se suponía que se iba a debatir la ley, y que podía emitir un informe negativo.
Finalmente, se debatirá en la comisión de justicia, cuyos letrados, en efecto, han emitido el nuevo informe negativo. Ese informe supone una desautorización realizada por expertos en la materia, lo que siempre resulta incómodo para quien resulta desautorizado.
Pero no es vinculante y, por tanto, será ignorado por el gobierno y por sus socios parlamentarios, como si no existiera.