Opinión
El gobierno se lanza a hacer concesiones a Puigdemont para seducir a los independentistas y sacar adelante los presupuestos.
Pedro Sánchez dijo hace unos días que estaba dispuesto a gobernar sin el parlamento. Varios de sus ministros añadieron después que tampoco sería un problema gobernar sin presupuestos. Pero estas declaraciones se compadecen poco con la actitud que ha adoptado Moncloa desde que hace una semana perdió una nueva votación: la trigésimo quinta que pierde en el Congreso. De inmediato, el presidente dio orden a su brazo derecho en el PSOE, Santos Cerdán, de reabrir la negociación con Puigdemont. Así lo hizo el pasado fin de semana. Otra vez, la gobernabilidad de España se negocia fuera de España, y con un prófugo.
Y desde el lunes, Moncloa no ha hecho otra cosa que gestos de acercamiento a Junts. Primero dio la orden a la Abogacía del Estado de sumarse a la defensa de Puigdemont para recusar a un magistrado del Tribunal Constitucional que es contrario a la amnistía. Después, Moncloa pidió al parlamento europeo que el catalán sea lengua oficial de la cámara. Se activaron dos comisiones de investigación en el Congreso, solicitadas por los independentistas. Y el gobierno aceptó "desclasificar" documentos del CNI sobre los atentados de Barcelona y Cambrils de 2017.
Todo eso, de momento, a cambio de nada. Porque los siete votos de Puigdemont siguen en el aire.
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