Opinión
Bruselas desautoriza la reforma que Moncloa pactó con los independentistas catalanes para reducir las condenas por malversación.
Una condición que hay que aceptar cuando se forma parte de la Unión Europea es que las autoridades de Bruselas tienen la potestad de establecer políticas comunes que deben ser aplicadas por los países miembros.
La Comisión Europea ha anunciado una de esas políticas comunes, y no va a ser inocua para el Gobierno español ni para sus socios independentistas. Porque va contra uno de los acuerdos más polémicos que Pedro Sánchez alcanzó con Podemos, Esquerra y Bildu. El pasado mes de diciembre, Moncloa decidió eliminar el delito de sedición y rebajar las penas por malversación, para beneficiar a los líderes independentistas que fueron condenados, o aquellos que pudieran ser condenados en los próximos meses.
El objetivo era aprobar esas reformas cinco meses antes de las elecciones, para que a estas alturas de mayo hubieran quedado fuera del debate político y no se mezclara con la campaña.
Pero los tiempos políticos de Bruselas no son los tiempos políticos electorales de España. Esa normativa europea desautoriza el cambio legal realizado en nuestro país en diciembre. Es cuestión de tiempo.