XIMO PUIG ASEGURA QUE SE DEPURARÁN RESPONSABILIDADES

Varios juzgados investigan una presunta trama de corrupción en el partido socialista valenciano y Bloc, uno de los grupos que forman Compromís

La policía cree que ambos partidos financiaron sus campañas entre 2007 y 2011 falsificando facturas, imitando la estructura del caso Gürtel del PP. Los juzgados de Gandía, Benidorm y Madrid, investigan ahora los posibles delitos de falsedad, malversación y prevaricación.

Varios juzgados de Madrid, Gandia (Valencia) y Benidorm (Alicante) investigan la supuesta financiación ilegal del PSPV-PSOE y del Bloc (principal integrante de Compromís) entre los años 2007 y 2011, por posibles delitos de falsedad, prevaricación, malversación y delito electoral. La causa que afecta a los dos socios del actual gobierno de la Generalitat Valenciana la abrió en diciembre de 2016 el Juzgado de Instrucción número 21 de Valencia tras recibir un informe del Cuerpo Nacional de Policía sobre una supuesta financiación ilegal de ambos partidos en dicho período, elaborado a partir de una documentación que le trasladó el PP tras recibirla este partido de forma anónima.

Tras la publicación de esta información, el PSPV-PSOE ha anunciado la creación de una comisión interna para recopilar todos los datos sobre estos "graves" hechos, y el Bloc ha expresado su confianza en la anterior dirección y ha dicho que va a averiguar "a fondo" lo que ha pasado. El PP ha anunciado ya que se personará en la causa, Podemos ha exigido explicaciones a los partidos a los que da apoyo parlamentario, y Ciudadanos ha opinado que si hay una investigación es porque hay "sospechas fundadas".

Tras la práctica de distintas diligencias y con el informe favorable de la Fiscalía, el juzgado 21 de Valencia se declaró el pasado mes de enero no competente para proseguir con la investigación. El juzgado tomó esa decisión tras quedar descartado que los hechos indiciariamente delictivos se hubieran cometido en el partido judicial de Valencia, según informa el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.

La instructora se inhibió entonces en favor de los juzgados de Gandia, Benidorm y Madrid, donde prosigue la investigación de los hechos denunciados. La secretaria general del PPCV, Eva Ortiz, ha anunciado que se personarán "en breve" en esta causa, iniciada después de que en 2016 recibieran de forma anónima información "sobre empresas" y sobre cuestiones relacionadas con la financiación de esos dos partidos y decidieran trasladarla a la Policía porque no la veían "clara".

Ortiz ha reclamado explicaciones sobre la financiación de sus partidos al secretario general del PSPV-PSOE y president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, y también a la vicepresidenta del Gobierno valenciano y coportavoz de Compromís, Mónica Oltra, quienes han dado al PP "tantas lecciones de moralidad y ética". Ximo Puig ya ha asegurado que su partido colaborará con la Justicia y la Policía y actuará desde la "tolerancia cero", y ha afirmado que únicamente conoce lo que ha leído en la prensa sobre este asunto, porque al partido "no se le ha notificado nada".

Mónica Oltra ha manifestado que Compromís "no tiene nada que ver con esto. Se fundó muchos años después de este periodo de tiempo del que se habla y no veo que tengan una relación", ha agregado. El vicesecretario general del PSPV-PSOE, Manuel Mata, ha admitido que el partido está "perjudicado" por esta investigación judicial, pues es "muy grave" lo que se ha publicado y "seguramente es cierto", y harán lo posible por aclarar "todas las cuestiones" que forman parte de "otra época" y "limpiar la imagen" del PSPV.

El ex secretario general del Bloc y actual presidente del partido y de Les Corts Valencianes, Enric Morera, ha negado que haya habido financiación ilegal en el Bloc, un partido que no tiene "nada que esconder", y ha asegurado que están "tranquilos", pues toda su financiación es "pública, transparente y correcta". El secretario general de Podemos, Antonio Estañ, ha anunciado que va a pedir explicaciones, tanto en sede judicial como en Les Corts y en la comisión de seguimiento del pacto de gobierno en la Generalitat, pues si se confirma la información "pone en riesgo la legitimidad" de determinados partidos al hablar de regeneración.

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