CONTRARIO A LA EXHUMACIÓN
El prior del Valle de los Caídos, donde está enterrado el dictador Francisco Franco, asegura que no podrá ser exhumado, como quiere el Gobierno español, pues "no se puede tocar el cuerpo de un difunto que se encuentra en un templo custodiado por una orden religiosa en un espacio que es inviolable".
Franco permanece enterrado desde que murió (1975) en la basílica del Valle de los Caídos, un monumento situado a 50 kilómetros de Madrid que él mismo ordenó construir, y donde también tienen sepultura miles de combatientes de los dos bandos de la Guerra Civil española (1936-1939).
El jefe del Ejecutivo español, Pedro Sánchez, "ha fracasado con Franco", asegura el prior benedictino Santiago Cantera en una entrevista que publica el periódico español La Razón. "Pienso que el Tribunal Supremo (TS), atendiendo a razones jurídicas, se va a oponer a la exhumación", según Cantera, quien acusa al Gobierno de haberse movido "desde el desconocimiento, desde la ignorancia, con prepotencia y odio".
El Gobierno aprobó el viernes pasado la orden de exhumación para trasladar los restos fuera del Valle y dio quince días a los nietos del general, sus únicos familiares vivos, para decidir dónde quieren que sean inhumados de nuevo.
Sin embargo, el Ejecutivo rechaza que el lugar sea la catedral de la Almudena, en pleno centro de Madrid, como pretenden los familiares, para evitar posibles problemas de orden público o actos de homenaje al dictador. En caso de que los nietos se opongan al traslado o no haya acuerdo entre ellos y las autoridades, el Gobierno "se reserva (elegir) el lugar donde deben ser enterrados los restos", explicó el viernes la ministra de Justicia, Dolores Delgado.
La Fundación Francisco Franco, dedicada a preservar su memoria, anunció que presentará un recurso en el TS porque considera que el proceso para la exhumación está plagado de "ilegalidades y arbitrariedades".
El Alto Tribunal ya rechazó en diciembre pasado de forma provisional el bloqueo de la exhumación, como pedía la familia, aunque reconoció que, si los descendientes de Franco recurrían la decisión final, el traslado de los restos no podría realizarse sin la autorización de sus jueces.