UN REGLAMENTO QUE YA EXISTE EN EL SENADO
El grupo parlamentario de Unidos Podemos ha registrado una propuesta de reforma del Reglamento del Congreso en la que plantea, entre otras cosas, prohibir a los diputados leer sus intervenciones, suprimir las interpelaciones al Gobierno, agilizar la tramitación de las leyes para evitar que queden 'varadas' durante meses y dar voz a los ciudadanos con audiencias periódicas en la Cámara.
Unidos Podemos ha presentado esta propuesta como texto alternativo a la reforma del Reglamento auspiciada por el PNV que el Pleno tomó en consideración el pasado mes de marzo y que tiene como objetivo que la Cámara pueda controlar qué hace el Gobierno con los acuerdos parlamentarios sin fuerza de ley.
En el Senado ya existe, pero no se aplica
En su escrito, Unidos Podemos propone exportar al Congreso el precepto reglamentario que ya rige en el Senado, pero que no se aplica, y que consiste en prohibir a sus señorías leer sus discursos. En concreto, quiere que el Reglamento recoja expresamente que los discursos "en ningún caso podrán ser leídos, aunque será admisible la utilización de notas auxiliares".
Otra de las propuestas de Podemos persigue agilizar la tramitación de los proyectos de ley, de manera que el plazo de 15 días que empieza a correr tras su publicación para la presentación de enmiendas sólo pueda prorrogarse "un máximo de dos ocasiones".
Podemos también pide reformar uno de los artículos que regula la formación de grupos parlamentarios, y, aunque mantiene que no puedan constituirse como tal diputados que pertenezcan a un mismo partido, aboga por eliminar la prohibición que rige para los diputados que "al tiempo de las elecciones, pertenecieran a formaciones políticas que no se hayan enfrentado ante el electorado". Además, quieren que se puedan formar grupos parlamentarios durante toda la legislatura en lugar de únicamente en los cinco días siguientes a la constitución del Congreso como ocurre ahora.
Audiencias periódicas a la sociedad civil por sorteo
Por otra parte, reclaman introducir un nuevo capítulo en el Reglamento para abrir el Congreso a los ciudadano de manera que en cada periodo de sesiones se celebren tres audiencias ciudadanas en las que colectivos de la sociedad civil elegidos por sorteo entre los registrados puedan plantear públicamente sus demandas sobre los trabajos legislativos en curso y obtener respuesta por parte de los grupos.
También quieren crear una Comisión de Evaluación de las leyes para que al año y los dos años de la aprobación de cada norma comparezca un miembro del Gobierno para rendir cuentas de su aplicación ante colectivos de la sociedad civil, que podrán preguntar directamente al correspondiente representante gubernamental.
Quien apoya al Gobierno no pregunta
Unidos Podemos apuesta por eliminar las interpelaciones al Gobierno -los debates entre un grupo y un miembro del Gobierno que dan lugar a una moción posterior y que ahora se utilizan para reprobar al Ejecutivo- y reclaman que se prohíba formular preguntas orales al grupo que apoya al Gobierno, en el caso de que el Ejecutivo esté respaldado por una sola formación.
Respecto al contenido concreto de la iniciativa del PNV a la que presentan su enmienda, Unidos Podemos demanda que en el primer mes hábil de cada periodo de sesiones el Gobierno remita a la Cámara un informe detallado relativo a la situación y grado de cumplimiento de cada una de las proposiciones no de ley, mociones y resoluciones aprobadas tanto en Pleno como en comisiones en el periodo de sesiones anterior, así como las pendientes de cumplimiento de periodos anteriores. Ese informe deberá ser presentado ante la Comisión de Reglamento por un representante del Gobierno en la quincena posterior a su entrada en el registro del Congreso.
Sobre 'lobbies' y agendas públicas
Por otra, parte, Unidos Podemos ha presentado otro texto alternativo a la proposición de ley para regular los 'lobbies' que va a tramitar la Cámara a propuesta del PP, en la que aprovecha para aumentar la transparencia de los diputados.
Según su propuesta, éstos deberán publicar sus agendas públicas la página web, especificando con qué 'lobbistas' se reúnen, haciendo pública la documentación que reciban y explicando cómo afecta a su trabajo parlamentario. Además, la Mesa del Congreso podrá reducir o congelar las subvenciones recibidas por los grupos parlamentarios cuyos diputados incumplan de forma reiterada estas obligaciones de transparencia.
También reclaman que el registro de 'lobbies' en el que habrán de inscribirse los grupos de interés sea de uso público y gratuito y que puedan acogerse a él otros cargos de la administración o de organismos públicos. El registro estará controlado por un "comisionado independiente" que deberá garantizar la publicidad de las agendas de trabajo de los cargos electos en la web del Congreso.
No podrá elegirse para ese cargo quien en los diez años anteriores hubiese tenido un cargo de elección o designación política en la administración o funciones directivas en partidos o sindicatos, que ejerzan como directivos o asesores en entidades sin ánimo de lucro o se hallen el ejercicio de cualquier actividad profesional, mercantil o laboral, o en el ejercicio activo de la carrera judicial o fiscal.
El comisionado se encargará de aplicar un código de conducta que incluye sanciones. Quien lo incumpla verá cancelada su inscripción en el registro y se le prohibirá el acceso a la cámara para hacer lobby durante dos años.