TRAS LA DEMANDA DE PUIGDEMONT
Consulta aquí el convenio que obliga al Gobierno a defender a Llarena en Bélgica
El Gobierno de Pedro Sánchez anunciaba a través de un comunicado que pondrá en marcha "todos los mecanismos necesarios" para defender la soberanía jurisdiccional española en la demanda presentada en Bélgica contra el juez Pablo Llarena.
Llarena, instructor de la causa abierta por el 'procés', debe comparecer en Bélgica el 4 de septiembre a raíz de la demanda civil presentada por allí contra él por el expresidente catalán Carles Puigdemont.
Por ello, el Ejecutivo ha indicado que atenderá las peticiones "de salvaguarda de la soberanía jurisdiccional española" y que contratará a un despacho de abogados en Bélgica para defender al juez.
La decisión llegaba después de que la vicepresienta del Gobierno, Carmen Calvo, argumentara que el Ejecutivo no puede defender a miembros del Poder Judicial. Calvo afirmaba que no era función del Ejecutivo defender al juez y que es al Poder Judicial a quien le corresponde hacerse cargo de la defensa.
Sin embargo, en menos de dos días, el Ejecutivo de Sánchez ha cambiado de opinión y sí defenderá al magistrado.
Pero esta decisión se debe a un convenio firmado en el año 2010 entre el Ministerio de Justicia y el Poder Judicial en el que se establece la defensa de los jueces y magistrados de la Carrera Judicial.
El acuerdo subraya que "los Jueces y Magistrados integrantes de la Carrera judicial puedan encomendar su representación y defensa en juicio ante cualquier orden jurisdiccional a los Abogados del Estado, en los supuestos en que se dirija contra ellos alguna acción como consecuencia del legítimo desempeño de sus funciones o cargos".
Dicho convenio asegura que es obligación del Ministerio de Justicia, a través de la Abogacía General del Estado, prestar "asistencia letrada en juicio a los Jueces y Magistrados".