Educación
Un 25% de los alumnos en nuestro país estudia en un colegio concertado. En total, en estos momentos hay en España 5.285 colegios concertados. Se tratan de centros educativos que reciben 6.179,44 millones de euros en subvenciones públicas aunque, luego muchos cobran además aportaciones por el comedor o las actividades extraescolares.
La mayoría de estas ayudas públicas luego van a parar a manos de la Iglesia, pues el 60% de los centros concertados son religiosos. Ahora el sector en la educación teme que el nuevo Gobierno dedique más dinero a la escuela pública. "Si hay demanda para este tipo de colegios, yo creo que el Estado debe intentar garantizarla", nos dicen en la calle.
Muchos padres ven las palabras de la ministra Isabel Celaá como una equivocación. "Se les tenía que caer la cara de vergüenza", nos cuentan desde la Conferencia Católica de Padres (CONCAPA). "Es minar un derecho fundamental que tenemos las familias a poder elegir el tipo de educación que queramos para nuestros hijos", nos dice el Presidente de CONCAPA, José Caballero.
Por el contrario, Leticia Cadernal, Presidenta de CEA -asociación que apoya la escuela pública- aplaude la decisión. "Creemos que las familias tienen derecho a decidir, pero tienen derecho a elegir entre una educación pública o privada. El dinero público tiene que ir a la educación pública", nos dice.
"Yo con mis impuestos le estoy pagando la educación a otros y a mi no me la paga el Estado, me parece que va contra la Justicia", comenta una madre.
Otro de los temores que tiene ahora mismo el sector de la educación es que se imponga el 'modelo valenciano', donde el PSOE gobierna junto a Compromís y Unidas Podemos. Allí han comenzado a suprimir actividades culturales, como los conciertos, para potencia la escuela pública.
"El compromiso del Partido Popular en la defensa de la libertad educativa es total. Es intolerable que una ministra ataque a la educación concertada", argumenta Pablo Montesinos, del Partido Popular.
"Quien quiera un tipo de educación concreta, me parece legítimo, pero que se la pague", sentencia Jose María González 'Kichi', alcalde de Cádiz.