Traslado de presos
Admite un recurso de la asociación Dignidad y Justicia, que estudia una demanda contra Prisiones por los traslados. Se trata de los etarras condenados por el asesinato del ex fiscal jefe del TSJA Luis Portero
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha admitido a trámite el recurso presentado por el presidente de la Asociación Dignidad y Justicia, Daniel Portero, contra el pase a segundo grado y el traslado a una cárcel de Logroño de los etarras Harriet Iragui Gurruchaga y Juan Antonio Olarra Guridi, condenados por el asesinato de su padre, Luis Portero, y ha pedido ya al Ministerio de Interior el expediente administrativo de ambos casos.
La Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJM ha dado al departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska20 días para que envíe el expediente administrativo sobre las dos resoluciones recurridas por Dignidad y Justicia: una por la que se acuerda la progresión a segundo grado y el traslado de Gurruchaga desde una cárcel de Castellón y otra por la que se ordena lo mismo para Guridi, hasta ahora en una prisión de Granada.
El TSJM ha accedido así a lo solicitado por Portero, si bien en este orden jurisdiccional es el trámite asociado a la admisión del recurso en cuestión, que también es la norma en lo contencioso-administrativo salvo error formal.
Intento de frenar el acercamiento
En su recurso, consultado por Europa Press, Portero solicitaba al TSJM que reclamara estos expedientes administrativos con miras a formalizar la correspondiente demanda, en un intento por frenar el acercamiento a Euskadi de los etarras condenados por el asesinato de su padre, quien fuera fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Gurruchaga fue condenado como autor material y Guridi como inductor.
La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias autorizó en marzo el traslado de Gurruchaga y Guridi, junto a otros presos de ETA, a cárceles más próximas al País Vasco y Navarra, tras ser previamente clasificados en segundo grado a propuesta de las juntas de tratamiento.
Está solicitud llega en medio de la polémica entre el Gobierno y las asociaciones de víctimas del terrorismo por la política de acercamiento de presos del Ejecutivo de Pedro Sánchez.