DANA
La sala de lo Civil y Penal no ha encontrado "un fundamento sólido y objetivo" en la forma de actuar del expresidente de la comunidad valenciana durante la DANA del 29 de octubre de 2024.
Los cinco magistrados de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana se han puesto de acuerdo por unanimidad de que Carlos Mazón no debe ser investigado por su actuación en la DANA del 29 de octubre de 2024 al no encontrar "un fundamento sólido y objetivo" en la forma de actuar de este.
Han concluido que el expresidente de la comunidad valenciana no ostentaba la posición de garante de un deber u obligación específicos que se exige para ser perseguido por la justicia.
Este auto es una respuesta a la exposición elevada por la magistrada que investiga los hechos en el Tribunal de Instancia de Catarroja en la que se pedía que se investigase a Carlos Mazón por su forma de actuar en las primeras horas/días del desastre que se cobró la vida de 237 personas.
No obstante, en el auto del TSJCV, que consta de 70 páginas, se refiere exclusivamente sobre la posible responsabilidad penal del expresidente de la Generalitat y archivar así las actuaciones respecto de él., pero no sobre otros dos investigados en la causa, la exconsellera de Justicia y Emergencias Salomé Pradas, y el ex secretario autonómico de Emergencias Emilio Argüeso.
A su vez, este mismo lunes, la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia valenciano ha pedido la inadmisión y el archivo de la querella presentada contra la jueza de Catarroja (Valencia), Nuria Ruiz Tobarra, que instruye la causa penal sobre la gestión de la DANA de Valencia de 2024, y su marido, Jorge Martínez, por varios delitos, al considerar que hay "criterios sólidos que permiten concluir que los hechos relatados no alcanzan el umbral del ilícito penal".
La querella fue presentada por el abogado y youtuber Rubén Gisbert ante el TSJCV por los delitos de coacciones, revelación de secretos, usurpación de funciones públicas, prevaricación, encubrimiento y omisión del deber de perseguir determinados delitos, y pedía entre otras cosas anular la instrucción
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