HA DADO A CONOCER LOS TESTIGOS
La sala del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que juzgará al expresidente catalán Artur Mas por el 9N ha rechazado que en la vista declaren como testigos el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el ministro de Justicia, Rafael Catalá, como pedían las defensas.
En un auto, no recurrible, el tribunal desestima la prueba testifical planteada por las defensas de Mas y de las exconselleras Joana Ortega e Irene Rigau, al considerarla "impertinente" por entender que sus declaraciones públicas sobre la consulta son "absolutamente ajenas" a los hechos a juzgar.
Las defensas solicitaron al TSJC que obligara a Rajoy y Catalá a declarar como testigos en el juicio, que se celebrará entre los días 6 y 10 de febrero próximos, para que aclararan el "alcance" de sus declaraciones públicas en las que, según los letrados, minimizaron la importancia de la consulta independentista.
El TSJC no solo descarta por impertinentes ambas testificales, sino que también desestima incorporar al juicio como prueba documental las intervenciones de Rajoy y Catalá ante los medios de comunicación, entre ellas las declaraciones en que el presidente del Gobierno afirmó: "El 9N no es un referéndum, ni una consulta, ni tiene efecto jurídico".
La sala acepta, por el contrario, que en el juicio testifique el exconseller de Presidencia y diputado en el Congreso Francesc Homs (PDeCAT), aunque precisa que deberá declarar asistido por un letrado para no provocar "mengua alguna de las garantías" a que tiene derecho por ser investigado por el Tribunal Supremo por su papel en la consulta independentista.
El tribunal también ha vetado la testifical del juez del Tribunal Supremo de Croacia Marin Mrcela, presidente del Grupo de Estados contra la Corrupción, que proponían las defensas, porque a su parecer no existe "constancia alguna" de su relación con el objeto del juicio.
Como pruebas documentales, el TSJC ha aceptado el vídeo de la comparecencia institucional de Artur Mas sobre el 9N, los escritos que el Tribunal Constitucional remitió al gobierno catalán en relación con la consulta y la información propuesta por la defensa relativa al dominio de la web participa2014.cat, que impulsó el gobierno catalán para organizar la votación.