Trama Gürtel
El alto tribunal confirma la sentencia de la Audiencia Nacional, con penas de hasta 15 años para 19 de los 23 acusados, entre los que están Francisco Correa, Pablo Crespo o Álvaro Pérez, 'El Bigotes'
El Tribunal Supremo confirma la sentencia para los 19 condenados en la pieza separada de la trama 'Gürtel' por la visita del Papa a Valencia en julio de 2006. Considera probado que en Valencia se creó una estructura societaria con el fin de obtener adjudicaciones ilegales de contratos de distintas administraciones de la comunidad entre los años 2004 a 2008. Por eso, hoy ha ratificado el dictamen de la Audiencia Nacional de 2020. Con penas que ascienden hasta los 15 años de prisión para 19 de los 23 acusados.
Las más altas, al cabecilla de la trama, Francisco Correa, a 13 años y 7 meses, y a Pablo Crespo, el que sería el número dos, condenado a 15 años y 5 meses, mientras que Álvaro Pérez, conocido como El Bigotes, a 6 años y 9 meses. Los tres ya están cumpliendo condena por otras piezas del caso, también ratificadas por el Supremo. El alto tribunal considera probado que hay un delito de malversación en concurso con otro de fraude al constatar que se produjeron "sustracciones de caudales públicos por parte de funcionarios" y que hubo "un concierto para defraudar" a la administración mediante "distintos artificios".
Así actuaba la trama
Fue en el mes de octubre de 2005, cuando - según el Supremo - empezaron las maniobras por parte de la organización de Correa para conseguir la adjudicación de modo ilícito de contratos para el desarrollo de la visita del Papa Benedicto XVI a Valencia. El entonces Papa acudió a Valencia por el V Encuentro Mundial de las Familias los días 7, 8 y 9 de julio de 2006, y el objetivo de esta pieza de la Trama `Gürtel´ era conseguir que los servicios y suministros necesarios para el desarrollo del evento se les adjudicaran.
El medio para ese objetivo fue una negociación con Ángel Cotino Ferrer -ya fallecido-, que era por entonces Conseller de Agricultura del gobierno valenciano. Querían adquirir el contrato de suministro en régimen de alquiler de las pantallas y sonorización para el acto. Para ello decidieron que fuese el ente público RTVV a favor de una empresa pantalla -Teconsa-, que a su vez subcontrató -cuando estaba prohibido- con la empresa Impacto Producciones SL.
Una adjudicación directa que supuso un sobrecoste de 3.205.375,11 euros para las arcas públicas y un enriquecimiento ilícito a favor de los acusados que intervinieron de forma decisiva en el amaño. Según el Supremo la adjudicación ya estaba determinada con anterioridad, así como las empresas subcontratadas. Un expediente que estaba lleno de irregularidades, desde la elección del procedimiento negociado, a los pliegos de condiciones sin precio o la falta de constancia de invitaciones y de la presentación de las ofertas. Ahora esta ratificación del Supremo supone un nuevo varapalo para los condenados de esta trama, por la que el Partido Popular fue condenado a título lucrativo.