Caso ERE
Han pasado casi tres años desde que la Audiencia de Sevilla emitiera su fallo sobre el caso ERE, en el cual se condenó a antiguos e históricos dirigentes del PSOE de Andalucía por el mayor caso de corrupción registrado en la historia de España.
Dos de los principales implicados en el caso fueron antiguos presidentes de la Junta de Andalucía: Manuel Chaves (dirigente andaluz entre 1990 y 2009), y su sucesor al frente del cargo, José Antonio Griñán (presidente de la Junta entre los años 2009 y 2013). Ambos recurrieron la sentencia, pero sus posibilidades de salir indemnes han terminado después de que el Tribunal Supremo haya desestimado sus recursos y haya confirmado sus condenas por decisión mayoritaria de los magistrados.
Concretamente, Manuel Chaves está condenado a nueve años de inhabilitación por un delito de prevaricación, mientras José Antonio Griñán está condenado a seis años de cárcel y a otros 15 de inhabilitación por haber cometido sendos delitos de prevaricación y malversación. El abogado de Griñán no da por terminado el pleito y asegura que recurrirán la sentencia al Tribunal Constitucional. De las 21 personas que había imputadas en el caso, solamente tres han sido absueltas, y todos los demás han sido considerados culpables, según la sentencia emitida el 19 de noviembre de 2019, en un dossier de 1.821 folios.
Repercusiones a nivel político
El caso de los ERE en Andalucía ha sido uno de los más mediáticos en la historia de España y ha salpicado de lleno a históricos dirigentes del PSOE en Andalucía, región que ha sido un histórico feudo socialista durante años.
Entre los condenados, también se encuentran otras figuras mediáticas de los gobiernos del PSOE andaluz, como es el caso de Magdalena Álvarez y Gaspar Zarrías (condenados a 9 años de inhabilitación, como Manuel Chaves), José Antonio Viera o Antonio Fernández (condenados a siete años de prisión y a 18 años de inhabilitación). Los únicos absueltos en el proceso fueron Manuel G. Martínez (interventor general de la Junta de Andalucía durante una década), Francisco del Río (jefe del gabinete jurídico de la Junta de Andalucía durante siete años) y Lourdes Medina (secretaria general técnica de Empleo).
La magistrada que se mantuvo al frente de la investigación durante gran parte del caso, Mercedes Alaya, fue apartada del caso en octubre de 2015, después de haberse convertido en una de las figuras más mediáticas en los medios de comunicación.