Tribunal de Cuentas
El Tribunal de Cuentas ve indicios de ilegalidad en los avales de los ex altos cargos de la Generalitat asegurados por el ICF y pide informe a la Abogacía del Estado.
La instructora del expediente abierto en el Tribunal de Cuentas contra 34 ex altos cargos de la Generalitat por su responsabilidad contable en los gastos de las denominadas 'embajadas' catalanas en el exterior duda de la legalidad en los avales presentados por la mayor parte de los afectados para afianzar los 5,4 millones de euros que se les reclaman, y que han sido asegurados con dinero del Instituto Catalán de Finanzas (ICF).
Según han informado fuentes del órgano contable, ante las dudas "sobre suficiencia y legalidad" que la instructora Esperanza García ve en los avales presentados por el ICF se ha pedido un informe a la Abogacía del Estado.
Concretamente, se pregunta a los servicios jurídicos del Estado si estos avales pueden o no amparar posibles responsabilidades contables por dolo o culpa grave, ya que se asumen por la propia Administración Autonómica perjudicada.
Otro interrogante que arroja el informe es si la jurisprudencia del Tribunal Supremo "ampara o no la indemnidad de los cargos y empleados públicos que actúen con dolo o culpa grave, tal y como prevé la Sentencia del Tribunal Supremo".
Asimismo, el órgano fiscalizador también cuestiona si será la propia entidad perjudicada, en este caso la Comunidad Autónoma de Cataluña, la que garantice "con dinero público la posible responsabilidad" de los encausados.
El plazo para que los exaltos cargos del Govern liquidaran las fianzas de 5,4 millones de euros interpuestas por, presuntamente, la promoción del Procés en el extranjero, ha finalizado después de que se ampliara el plazo unos días más. Ahora el Tribunal estudiará estos avales y, ante los indicios de ilegalidad, ha solicitado a al Abogacía del Estado un informe.