Pandemia
Los citados se tratan los cargos autonómicos que firmaron los protocolos que impedían la derivación de mayores residentes en residencias a hospitales en el momento más comprometido de la pandemia. Por su parte, desde la acusación afirman que solicitarán la orden de busca y captura. Asimismo, Martínez Peromingo ha reconocido que los protocolos remitidos a los geriatras eran "discriminatorios".
Tres ex altos cargos del Gobierno de la Comunidad de Madrid, que preside Isabel Díaz Ayuso, habían sido citados a declarar desde este martes como imputados en relación con la gestión que se llevó a cabo en las residencias de mayores públicas de la comunidad durante la pandemia de COVID-19. Sin embargo, dos de ellos no han acudido. Se trata de Carlos Mur y Pablo Busca. Tras esto, la Asociación Verdad y Justicia solicitará al juez de Instrucción número 23 de Madrid la busca y captura contra dichos ex altos cargos.
Por su parte, Francisco Javier Martínez Peromingo, considerado el ideólogo del protocolo y sucesor de Mur como responsable de Coordinación Sociosanitaria en la Comunidad de Madrid, sí ha prestado declaración además del geriatra de enlace del Hospital Gregorio Marañón, el doctor Joaquín Eugenio Marañón.
Se investiga si cometieron un delito de denegación discriminatoria de la asistencia sanitaria a personas enfermas que vivían en residencias de la Comunidad de Madrid, durante la primera ola de la pandemia. La causa investigada corresponde al fallecimiento del padre de Ángela Armingol en la residencia de Amavir Valdebernardo. En los procedimientos judiciales también se encuentran imputados los geriatras de enlace de los hospitales Gregorio Marañón y Puerta de Hierro.
En esta ocasión, los citados eran el que fuera director general de Coordinación Sociosanitaria del Gobierno madrileño, Carlos Mur, y su sucesor en el cargo, Francisco Javier Martínez Peromingo, además de Pablo Busca Ostalaza, máximo responsable en el momento de la pandemia del Servicio de Urgencia Médica (Summa112), cuyo cometido era gestionar las ambulancias públicas.
La hija del residente fallecido ha lamentado la ausencia de los dos exaltos cargos y ha puesto de relieve la necesidad de esclarecer responsabilidades. "Llevamos casi seis años esperando justicia. Esto no es solo por mi padre, sino por miles de personas que murieron en abandono", ha afirmado a su salida de los juzgados, según recoge Europa Press.
En sus declaraciones a los medios, Alejandra Jacinto, abogada de la acusación y de los familiares de las víctimas, ha denominado como "absoluto chasco y una absoluta vergüenza" el hecho de que Mur haya logrado "eludir la acción de la justicia".
En esta línea, ha explicado que "el juzgado afirma que no ha sido posible localizarlos. No podemos entender cómo estas personas pueden seguir eludiendo la acción de la justicia".
Asimismo, ha declarado que desde la acusación se va a solicitar que se le ponga búsqueda y captura tras "seguir burlando la acción de los tribunales y, sobre todo, burlando también el dolor de las víctimas, que tienen todo el derecho del mundo a tener una investigación en condiciones". Una petición que también presentará contra Pablo Busca Ostalaza, máximo responsable en el momento de la pandemia del Servicio de Urgencia Médica (Summa 112).
Durante su comparecencia, Martínez Peromingo habría reconocido que los protocolos remitidos a los geriatras eran "discriminatorios" y que lo advirtió en varias ocasiones por escrito a Carlos Mur.
Además, ha apuntado que se limitó a revistar borradores y que la elaboración de los documentos partió de Mur. Igualmente, niega haber participado en planificar estrategias de protocolos.
En lo que respecta al geriatra de enlace del Hospital Gregorio Marañón, ha declarado que no tuvo constancia de ningún protocolo de exclusión y que aplicó criterios clínicos propios durante la pandemia.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha declarado que las causas judiciales que investigan la asistencia en las residencias son una "operación de Estado" y que vienen con motivo de alimentar "el negocio de cuatro frustrados que buscan o vender libros o que se les vuelva a hacer casito en unas listas electorales".
"Aquí solamente hay una operación política que lo que intenta es decirle al pueblo de Madrid que no sabe lo que vota y que son tontos, que los madrileños no saben lo que pasó en la pandemia", ha afirmado durante su declaración durante una visita a las obras de ampliación de la Línea 11 de metro.
La presidenta popular ha puesto de relieve que "la justicia ha dado la razón a la Comunidad de Madrid en 143 ocasiones, dejando claro que la atención fue adecuada, que no hubo en ningún momento un móvil discriminatorio".
"No importa la verdad, porque al frente de esto no están ni siquiera las familias, para quienes hemos pedido el máximo respeto y consideración; es que están al frente activistas políticos", ha manifestado.
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