MONCLOA RESPONDE QUE ES UNA DECISIÓN JUDICIAL
El presidente catalán, Quim Torra, ha expresado su "indignación" al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, a través de una carta, en la que se queja de la operación policial contra los Comités de Defensa de la República (CDR) y le pide "explicaciones" por las detenciones.
En la misiva, de poco más de un folio, Torra denuncia que nueve activistas de los CDR fueron "detenidos y acusados de terrorismo", en una "operación judicial-policíaca-mediática que se saltó todos los principios de presunción de inocencia" y que "servía para inventar un falso relato de violencia en Cataluña".
"Le quiero transmitir mi indignación y la de todo el Govern de Cataluña, así como de una parte muy importante de la ciudadanía catalana, por un ejemplo más de la utilización de los aparatos del Estado para una finalidad política de parte, que no se corresponde con las razones de la existencia de estos aparatos", afirma.
RESPUESTA DE MONCLOA
Le remite a las declaraciones del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en las que defendió que uno de los principios básicos del Estado de Derecho es la separación de poderes: las actuaciones están dirigidas por la autoridad judicial y se sustentan en la supuesta comisión de distintos delitos. Por tanto, el ministro dijo que es un juez el que imputa hechos concretos a personas concretas y quien deberá resolver sobre la situación de cada detenido, una vez queden puestos a su disposición. Marlaska recordó que la Guardia Civil actúa en este caso como policía judicial; por tanto, lo hace bajo las órdenes de la autoridad judicial. Y por lo tanto se está ante uno de los poderes del Estado de Derecho, el Poder Judicial, que resolverá independientemente, sin injerencia alguna de ningún otro poder.
DETENCIONES Y SENTENCIA, ARGUMENTOS PARA EL DEBATE EL PARLAMENT
El Parlament celebra este miércoles y jueves el Debate de Política General, en que el presidente de la Generalitat, Quim Torra, valorará la situación de Catalunya y debatirá con la oposición días antes de que el Tribunal Supremo dicte la sentencia del 1-O. El pleno comenzará a las 11 con la intervención de Torra sin límite de tiempo; tras una pausa, por la tarde intervendrán los grupos durante 30 minutos cada uno -los subgrupos de la CUP y el PP tendrán 15- y después se abrirá un turno de réplica. Los grupos podrán presentar un total de 20 propuestas de resolución --a CUP y el PP 14-, que la Mesa deberá admitir a trámite, y se abrirá un plazo para presentar enmiendas; el jueves a las 16.00 se reanudará el pleno con el debate y la votación de estas iniciativas. Este pleno debía coincidir con el juicio del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) contra Torra por presunta desobediencia: estaba fijado que comenzara el mismo día a las 09.30, lo que generaba una polémica sobre qué iba a hacer el presidente, que en las últimas semanas había mantenido su voluntad de asistir al pleno. Mientras que su asistencia al Debate de Política General es imprescindible para que se celebre el pleno porque debe intervenir y debatir con la oposición, Torra no está obligado a estar en el juicio porque no se enfrenta a una petición de pena de prisión superior a dos años, como establece el artículo 786 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim). Sin embargo, el TSJC comunicó que aplazaba el juicio hasta el 18 de noviembre.