ANDALUCÍA | COMPETENCIA DEL AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, reconoce que no descartó convocar elecciones anticipadas durante la crisis con sus socios de Izquierda Unida por el desalojo del edificio ocupado en Sevilla. Pero ahora, Díaz intenta dar por cerrada la crisis en la Junta después de dictar en 24 horas, dos decretos aparentemente contradictorios, y coloca el problema en el Ayuntamiento de Sevilla, gobernado por el PP.
Susana Díaz está de procesión. Ha firmado la paz con IU aunque otra cosa es que se pongan de acuerdo. La presidenta mantiene a la Consejera en el cargo y esto a pesar de que le acusa de haber actuado mal. La Presidenta, en declaraciones a la Cadena SER, ha reconocido que "las prisas obligaron a tomar una decisión injusta".
Lo que ella considera injusto, es justo y legal según su socio de gobierno. En 24 horas Susana Díaz les quitó las competencias en Vivienda y se las devolvió. IU satisfecho, da la crisis por cerrada. “Es un tema del que ya pasamos página”, afirma Cayo Lara.
Díaz reconoce que en plena crisis de gobierno se planteó adelantar las elecciones. Ella se pone la medalla de la firmeza y se define como alguien que siempre coge “el toro por los cuernos”. El PP le ve en el otro lado, en el puesto de perdedora. Virginia Pérez, vicesecretaria general de los populares andaluces, continúa con el símil taurino y añade que “IU, que es el toro, le ha dado gran una cornada”.
La última palabra la tiene el ayuntamiento de Sevilla, donde todavía esperan una explicación de la Junta. La consejera de Asuntos Sociales se pregunta cómo van a explicar a algunas familias que no se ha respetado la lista de espera y pone un ejemplo real. El PP estudia los expedientes de las familias realojadas por si la Junta ha cometido prevaricación.
Muere un joven migrante en el asentamiento de la antigua fábrica de Guano
El ministro marroquí ha insistido en que ellos sí quieren que vuelvan los inmigrantes que entraron en España, tanto los mayores de edad como los menores. Pero que España no lo permite.
El debate se ha visto condicionado por el 'caso de MariCarmen', cuyo desahucio ha provocado una fuerte reacción política y social. El Gobierno sostiene que hay que evitar situaciones similares, mientras que el PP asegura que el futuro decreto no habría impedido su desahucio, y acusa al Ejecutivo de utilizar el caso políticamente.