Supremo
El tribunal mantiene abierta la investigación contra el fiscal general del Estado y una jefa de Fiscalía, mientras espera el análisis del dispositivo móvil de Juan Lobato.
El Tribunal Supremo (TS) ha decidido no imputar "por ahora" a Pilar Sánchez Acera, asesora de Moncloa, en la causa que investiga la supuesta revelación de secretos vinculada al novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.
Según el magistrado instructor Ángel Hurtado, es necesario esperar al informe pericial sobre el dispositivo móvil del ex secretario general del PSOE de Madrid, Juan Lobato, antes de tomar una decisión definitiva.
La investigación se centra en el 'email' enviado por Sánchez Acera a Lobato, con información sensible sobre Alberto González Amador, pareja de Ayuso, y que supuestamente debía utilizarse en un debate en la Asamblea de Madrid. Este caso también implica al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y a Pilar Rodríguez, jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid.
El origen de la investigación radica en un correo electrónico en el que la defensa de González Amador reconocía "de manera íntegra" los hechos por los que era acusado de delitos fiscales. Según el acta notarial presentada por Lobato, Sánchez Acera garantizó que este documento ya estaba en manos de los medios antes de que el exlíder socialista lo empleara públicamente en la Asamblea.
Lobato testificó en el TS el 29 de noviembre, y aportó el acta notarial que protocolizó la conversación con Sánchez Acera. Durante su declaración, una acusación popular identificó discrepancias en los tiempos de los mensajes, lo que llevó al tribunal a solicitar el análisis forense de su teléfono móvil.
La investigación también examina el papel que tuvo la Fiscalía en la filtración de información sobre González Amador. Un informe reciente de la Guardia Civil apunta a la Fiscalía General del Estado como responsable de proporcionar a los medios una denuncia previa contra el novio de Ayuso, publicada cinco días después de llegar a la Fiscalía de Madrid.
El TS ya descartó que la nota de prensa emitida por la Fiscalía el 14 de marzo constituya un delito, al considerar que la información ya había sido difundida en medios de comunicación. Sin embargo, mantiene abierta la investigación sobre cómo se filtraron los correos electrónicos durante la noche anterior.
El caso ha adquirido un marcado tinte político, con acusaciones cruzadas sobre el uso de información confidencial para perjudicar a adversarios. Desde Moncloa y el PSOE se han distanciado de la actuación de Sánchez Acera, mientras que el entorno de Ayuso critica lo que considera una "estrategia orquestada" para desacreditar a la presidenta regional.
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