EL PLENO ESTABA CONVOCADO PARA EL LUNES
El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha denegado a Jordi Sánchez, diputado por JxCat, el permiso para acudir al Parlament al pleno convocado para el próximo 12 de marzo para investirle president de la Generalitat y también ha rechazado que salga en libertad.
El candidato había pedido en los últimos días, en varios escritos dirigidos al magistrado, que pusiera fin a su situación de prisión preventiva y también que, antes de resolver sobre esto, le concediera un permiso para acudir al pleno convocado para el lunes.
El juez ha denegado tanto la libertad solicitada por Sànchez, acusado de sedición, como los permisos extraordinarios para poder acudir al Parlamento de Cataluña al acto de investidura. En un auto, que coincide en líneas generales con los argumentos defendidos por el fiscal en un escrito que el Ministerio Público le ha presentado, el magistrado basa su decisión en el riesgo de reiteración delictiva, como ya había hecho en escritos anteriores.
El juez se refiere en su auto a la reciente integración de Jordi Sànchez en una candidatura electoral "que se ha opuesto, expresa y permanentemente, a abordar cualquier gestión política que no sea la de implementar la república que declararon".
Además explica que la prisión provisional no obedece a razones de orden público, sino al riesgo de reiteración delictiva. Este riesgo se favorecería si se le dejara salir, a la vista de "que la actividad delictiva que se investiga se desplegó -precisamente- desde actuaciones legislativas y ejecutivas claramente ilegales, desatendiendo de manera flagrante los controles constitucionales (...) y en aplicación de una táctica que no ha sido excluida y sigue respaldándose de presente", dice.
El juez relata diversos indicios de delito que se han ido afianzando a lo largo de la instrucción contra Sànchez y su participación en un concierto de voluntades para conseguir la república en Cataluña fuera de todo cauce legal.
Arguye que Junts per Catalunya tiene otros integrantes con los mismos apoyos que su número dos, Jordi Sànchez, para poder postularse a presidente de la Generalitat y sin los riesgos para delinquir que sí que aprecia en él.
Cree el magistrado que la negativa a ponerle en libertad para asistir a su investidura no conculca los derechos de sus electores por varios motivos. Primero, porque afecta a un candidato en quien al iniciarse el proceso electoral ya concurría la privación de libertad que condiciona hoy su representación, pero también porque "se trata de un candidato que no ofrecía para sus electores el liderazgo que ahora reclama".