'Caso Koldo'
EL Tribunal asegura que no se han visto afectados los intereses financieros de la UE.
El Tribunal Supremo ha decidido que el 'caso Koldo' continúe bajo la jurisdicción de la Audiencia Nacional y no de la Fiscalía Europea. Esta resolución se basa en que, según el Supremo, no se han visto afectados los intereses financieros de la Unión Europea en las presuntas irregularidades investigadas.
El 'caso Koldo' es una trama de corrupción que salió a la luz durante la pandemia de COVID-19, relacionada con la adjudicación de contratos para la compra de mascarillas. Koldo García Izaguirre, exasesor del exministro de Transportes José Luis Ábalos, es el principal acusado. A García se le investiga por el cobro de comisiones ilegales en contratos firmados con Adif y Puertos del Estado, organismos dependientes del Ministerio de Transportes.
La trama se hizo pública tras la detención de Koldo García, quien supuestamente utilizó su posición para facilitar la firma de contratos fraudulentos. Dos nombres clave en esta trama son los empresarios Juan Carlos Cueto y Víctor de Aldama, este último conocido comisionista. Ambos habrían trabajado con García para cerrar contratos millonarios durante la emergencia sanitaria.
Otro implicado es José Luis Rodríguez, subteniente de la Guardia Civil, que estaría relacionado con una empresa del grupo Cueto. El juez del caso ha señalado que existen "indicios" de su conocimiento y posible participación en las actividades fraudulentas. Además, la trama se complica con la implicación de Joseba García, hermano de Koldo, también investigado. Patricia Uriz, esposa de Koldo, aunque no investigada, posee varias propiedades a su nombre, que están bajo escrutinio judicial.
El caso ha tenido repercusiones políticas significativas. José Luis Ábalos, exministro de Transportes, ha pasado al grupo mixto en el Congreso de los Diputados, ignorando las peticiones del PSOE de entregar su acta. Aunque Ábalos no está imputado, su relación con los principales acusados ha generado controversia.
En el sumario también se mencionan a los expresidentes de las comunidades de Baleares y Canarias, que habrían adquirido las denominadas mascarillas 'fake' durante la pandemia. En particular, se ha centrado el foco sobre Francina Armengol, tercera autoridad del Estado y expresidenta de Baleares.
El Tribunal Supremo ha determinado que la investigación continúe en el Juzgado Central de Instrucción Número 2 de la Audiencia Nacional. Esta decisión implica que será este juzgado el que siga investigando las irregularidades en la adjudicación de contratos de mascarillas durante la pandemia. El Tribunal ha rechazado la intervención de la Fiscalía Europea, al considerar que los fondos de la Unión Europea no se vieron comprometidos.
La investigación continuará con la Audiencia Nacional para esclarecer todos los detalles de la trama. Los investigadores se centrarán en recabar pruebas que confirmen las acusaciones contra Koldo García y sus colaboradores. Este caso refleja las vulnerabilidades y oportunidades de corrupción que surgieron durante la pandemia, cuando la urgencia por adquirir equipos de protección personal llevó a la firma de contratos sin la debida supervisión.
El 'caso Koldo' continuará bajo la jurisdicción de la Audiencia Nacional, con una investigación que busca esclarecer las irregularidades y llevar a los responsables ante la justicia.
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