CGPJ
El partido de Yolanda Díaz se desvincula de su socio de Gobierno de coalición y no votará a favor de la proposición de ley para reformar el Consejo General del Poder Judicial.
Sumar marca distancia con el PSOE su socio en el Gobierno de coalición y se abstendrá este jueves en la votación para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). El partido de Yolanda Díaz se desmarca de la proposición de ley que pactaron entre el PP y PSOE hace unos días y con la que se pretende avanzar en la renovación del Poder Judicial.
La decisión de no apoyar la iniciativa se ha adoptado en una reunión del grupo parlamentario de este miércoles porque consideran que la proposición de ley del PSOE y PP para renovar el CGPJ es "correcta" pero a su vez, "insuficiente".
Además, explican que el sentido de su voto se debe a que el pacto acordado entre los dos partidos mayoritarios en el Congreso de los Diputados no deja opción viable de presentar enmiendas para "avanzar más" en medidas de "democratización" del Estado.
Los 26 votos de Sumar no son necesarios para sacar adelante la proposición de ley, que cuenta con los votos a favor de los diputados del Partido Socialista y del Partido Popular.
Lo cierto es que los socios minoritarios del Gobierno de coalición, los del ala de Sumar, mostraron su descontento con el PSOE hace unos días porque no fueron informados del contenido del texto legislativo antes de su registro. Advirtieron de que su apoyo estaba en el aire y hoy han desvelado que se abstendrán en la votación.
El voto de los diputados de Sumar es irrelevante. No es decisivo. La proposición de ley seguirá adelante con el apoyo de los socialistas y los 'populares' que cuentan con más de dos tercios de los diputados en la Cámara Baja para avanzar en su tramitación parlamentaria.
El partido de Yolanda Díaz ha participado en la renovación de los vocales del Consejo General del Poder Judicial al proponer al magistradoCarlos Preciado y la fiscal Inés Herreros. No obstante, advierten de que el "camino a la democratización del Estado no es con el PP del bloqueo, sino con la mayoría de la investidura" y culpan a los de Alberto Núñez Feijóo del bloqueo del Poder Judicial durante los últimos cinco años.
El Pleno del Congreso dará este jueves el primer paso para tramitar la propuesta que reformará la Ley del Poder Judicial (LOPJ) y el Estatuto del Ministerio Fiscal con el fin de evitar las 'puertas giratorias' en la Justicia, reforzar las mayorías al aprobar nombramientos judiciales y emplazar al nuevo Consejo General del Poder Judicial, a realizar propuestas sobre posibles cambios en el sistema de elección de vocales.
Esta reforma legislativa se tramitará por el procedimiento de urgencia tras cinco años de bloqueo en el CGPJ. Una vez que la ley sea tomada en consideración, los partidos tendrán hasta el martes 9 de julio, para presentar enmiendas. En el caso de las enmiendas a la totalidad se exigirá la presentación de un texto alternativo.
El día 11 se prevé celebrar el debate y a la semana siguiente el texto se debatirá en la Comisión de Justicia. Para el día 23 de julio se procederá a su aprobación en el Congreso para su remisión al Senado, que podría dar luz verde definitiva al día siguiente.
Adiós a las 'puertas giratorias'
El objetivo de la reforma es restringir las puertas giratorias en la Justicia. Los jueces que se presenten como candidatos al Parlamento Europeo, Congreso, Senado, Asambleas legislativas autonómicas o una Alcaldía, y los que hayan sido elegidos para un cargo público con rango superior a director general, serán declarados en situación de excedencia voluntaria y desde ahí "no podrán reingresar al servicio activo hasta dos años después del cese en el cargo que motivó la excedencia voluntaria".
En cuanto a los jueces que sean nombrados para un cargo político de confianza con rango de director general o inferior deberán ser declarados en la situación de "servicios especiales".
Régimen de incompatibilidades
Respecto del CGPJ, se introduce un "régimen de incompatibilidades" para poder ser designado como vocal por el cupo de juristas de reconocida competencia.
No podrán ser elegidos quienes, en los cinco años anteriores, hayan sido titulares de un Ministerio o de una Secretaría de Estado o de una Consejería de un gobierno autonómico o de una Alcaldía, o bien hayan ocupado cargos públicos representativos en el Parlamento Europeo, el Congreso, el Senado o las Asambleas legislativas autonómicas.
Además, los candidatos habrán de comparecer previamente ante la comisión de nombramientos de la Cámara y presentar una memoria de méritos y objetivos.
Incompatibilidades para el Fiscal General
El artículo 2 de la proposición de ley se centra en modificar el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal y establece un nuevo régimen de incompatibilidades el fiscal general: no podrá ser propuesto quien, en los cinco años anteriores, bien haya sido nombrado titular de un Ministerio o de una Secretaría de Estado o de una Consejería de un gobierno autonómico o de una Alcaldía o haya tenido la condición de eurodiputado, diputado o senador, o miembro de una asamblea legislativa de una comunidad autónoma.
El fiscal general del Estado "deberá abstenerse de intervenir en los pleitos o causas cuando les afecten algunas de las causas de abstención establecidas para los jueces y magistrados en la Ley del Poder Judicial".
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