Año Judicial
Un inicio de año jurídico tenso donde "el terreno judicial arrastra muchos capítulos por resolver"
Ha sido este jueves cuando la Justicia española ha inaugurado su nuevo curso con un Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) completamente renovado tras un periodo prolongado con su mandato caducado, y con la histórica llegada de Isabel Perelló como la primera mujer en presidir tanto el CGPJ como el Tribunal Supremo. En su discurso de apertura, Perelló defendió la independencia judicial y envió un mensaje directo a los políticos, instándolos a respetar la autonomía de los tribunales, y a admitir las críticas constructivas, pero ha rechazado los insultos y descalificaciones.
Durante su intervención en la ceremonia presidida por el rey Felipe VI en el Salón de Plenos del Tribunal Supremo, Perelló subrayó que "ningún poder del Estado puede dictar instrucciones sobre cómo interpretar el ordenamiento jurídico" y destacó la importancia de "salvaguardar la independencia frente a posibles injerencias externas". La magistrada señaló que la independencia judicial es la "piedra angular del Estado de derecho" y afirmó que el CGPJ se constituye como un baluarte para proteger estos principios.
Perelló reconoció que las resoluciones judiciales pueden y deben ser objeto de críticas, ya que esto forma parte de una "sociedad libre, abierta y plural". Sin embargo, enfatizó que tales críticas deben estar fundamentadas en el derecho a la discrepancia y no deben derivar en ataques personales que socaven la integridad de la justicia y sus integrantes. "Los jueces y magistrados son independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley", manifestó, lo que reitera su compromiso de velar por estos valores fundamentales.
La apertura del año judicial también contó con la participación del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, quien alertó sobre los peligros de deshumanizar a los menores migrantes, tratándolos como "mercancía" y "sembrando semillas de odio". En su intervención, García Ortiz pidió mayor empatía y respeto por los derechos de estos menores, y destacó los desafíos que enfrenta la sociedad en la protección de los derechos humanos en contextos migratorios.
Perelló también aprovechó la ocasión para resaltar la importancia de su elección como presidenta del CGPJ y del Supremo, considerándola un "reconocimiento a todas las mujeres" que han luchado por la igualdad y la visibilidad en el ámbito judicial. Recordó que, aunque las mujeres ahora representan la mayoría de los aspirantes que superan las pruebas de acceso a la carrera judicial, el camino hacia la equidad aún está en construcción.
En cuanto a los desafíos estructurales que enfrenta la Justicia, Perelló mencionó la crisis del Tribunal Supremo, agravada por la falta de cobertura de vacantes. Agradeció también a sus compañeros por su "excelente labor" y la "dignidad" con la que han afrontado una situación complicada, redoblando esfuerzos para minimizar el impacto negativo en los ciudadanos. "Es esencial que el CGPJ cumpla con su labor de cubrir las vacantes existentes con rigor, transparencia y respetando los principios de mérito y capacidad", aseguró.
Perelló abordó también la reciente renovación del Poder Judicial tras más de cinco años y la importancia de que el CGPJ realice su función de manera imparcial y transparente, especialmente ante un año que se anticipa intenso por la aplicación de la ley de amnistía. Esta ley, cuya constitucionalidad está en entredicho, será evaluada por el Tribunal Constitucional en respuesta a la cuestión planteada por el Supremo, que considera que la norma podría vulnerar la Carta Magna. El pleno del Constitucional estudiará la admisibilidad de esta cuestión a partir de la próxima semana, en base a una ponencia que aboga por darle trámite.
Otro de los grandes retos para este curso es la cobertura de 102 vacantes en la cúpula judicial, derivadas del prolongado bloqueo en la renovación del CGPJ. Estas vacantes se distribuyen principalmente entre los tribunales superiores de justicia, las audiencias provinciales, el Supremo y la Audiencia Nacional. La cobertura de estos puestos se considera crucial para poder asegurar el funcionamiento efectivo del sistema judicial, aunque algunos sectores han expresado preocupaciones sobre los criterios ideológicos que podrían influir en estos nombramientos.
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