Guerra del agua
El presidente valenciano pide audiencia al Consejo de Estado y presentará alegaciones tras la modificación del Gobierno, que reducirá la cantidad de agua trasvasada desde el Tajo al Segura. Por su parte, el Gobierno de Castilla-La Mancha, también socialista, no oculta su satisfacción.
El presidente de la Generalitat Valenciana, el socialista Ximo Puig, planta cara al Gobierno de Sánchez a cuenta del trasvase Tajo-Segura. La decisión del Ejecutivo de modificar el acuerdo refrendado por el Consejo Nacional del Agua hace poco más de un mes va a suponer un aumento del caudal ecológico del Tajo, lo que en la práctica reducirá la cantidad de agua trasvasada tanto a Alicante como a Murcia.
"Hemos pedido audiencia al Consejo de Estado", asegura Puig. El órgano consultivo, que preside la también socialista Magdalena Valerio, tiene que presentar un dictamen sobre el proyecto de Real Decreto que afecta a los trasvases. Puig no entiende por qué el Gobierno cambia lo que ya estaba pactado y quiere saber cómo va a quedar la redacción para presentar las correspondientes alegaciones.
"Los regantes tienen razón"
"Se acordó que en 2025 se decidiría qué iba a ocurrir con los trasvases. Era una criterio racional y no una guerra, para garantizar el agua que genera miles de puestos de trabajo. Apoyamos a los regantes porque tienen razón" insiste el jefe del Ejecutivo valenciano.
Toledo felicita a Moncloa por su "valentía"
Se da la circunstancia de que otro presidente autonómico, el también socialista Emiliano García-Page, se había opuesto frontalmente a la cláusula de 2025, que es la que se habría eliminado del borrador final del Real Decreto.
Page todavía no se ha pronunciado pero sí lo ha hecho su consejero de Desarrollo Sostenible, José Luis Escudero, que no ha ocultado su satisfacción. "No nos oponemos a que haya derivaciones para consumo humano pero no vamos a permitir que el río Tajo siga perdiendo agua en su cabecera para de una manera artificial estar regando lo que creo que ha sido un error permitido durante muchos años". El consejero castellanomanchego felicita a Sánchez por su "determinación y valentía. Han sido muchísimas las presiones".
Agua desalada, al triple de precio
No es el único asunto que preocupa entre los agricultores alicantinos y murcianos. La empresa pública Acuamed -adjudicataria del Ministerio de Transición Ecológica- ha anulado la subvención estatal que se otorgaba a los regantes por utilizar agua procedente de la desalinizadora de Torrevieja.
Hasta ahora, los agricultores pagaban 0'45 € por metro cúbico de agua. Sin la ayuda pública, ese mismo metro cúbico pasa a costar el triple: 1'30 €.
"Es inaceptable", insiste Puig. "Exigimos un rectificación y que se ayude a los agricultores para poder mantener las explotaciones".
El PP valenciano también ha criticado la decisión, pero no duda en responsabilizar también al presidente valenciano de lo ocurrido. "El dúo Sánchez-Puig está recortando el trasvase sin justificación", subraya Carlos Mazón, presidente del Partido Popular de la Comunitat Valenciana.
Los regantes se manifestarán el 11 de enero en Madrid. Este conflicto se da a solo cinco meses de la celebración de las elecciones municipales y autonómicas.