Ley de amnistía
Consulta aquí todo los detalles sobre los plazos de la ley de amnistía.
Es el tema de la semana, la ley de amnistía ha llenado las noticias de actualidad de los diferentes medios de comunicación. Miles de personas han salido en los últimos días a las calles de las diferentes ciudades españolas para protestar contra esta ley y contra los pactos de Pedro Sánchez con el independentismo para lograr su investidura este jueves. Tal y como la define la Real Academia Española, la amnistía es el "perdón de cierto tipo de delitos, que extingue la responsabilidad de sus autores", es decir, un instrumento jurídico que precisa del aval de las Cortes basado en el perdón de todos los delitos y las penas que conllevan determinados hechos en un tiempo determinado.
Pues bien, el pleno del Senado ha aprobado la reforma del Reglamento que pretende dilatar la aprobación de la ley con los votos de la mayoría absoluta del PP, el apoyo de los senadores de Vox y UPN y entre las quejas de la izquierda, que lo trata de cambio reglamentario inconstitucional.
Después de reformar el artículo 133 del Reglamento, el Senado tendrá libertad de decidir si una proposición de ley procedente del Congreso se tramita o no por el procedimiento de urgencia, que abarca un plazo de 20 días, o de manera ordinaria, lo que conlleva un plazo máximo de dos meses (o más tiempo dependiendo de hay "vacaciones parlamentarias" como es el caso del mes de enero).
El PSOE va a recurrir este cambio del Reglamento ante el Tribunal Constitucional, mientras que otros grupos de izquierda también han denunciado que el PP se asalta la carta magna con el fin de dilatar la aprobación de la ley de amnistía que han pactado Pedro Sánchez y el independentismo catalán. Mantienen que la reforma del Reglamento contraviene el artículo 90 de la Constitución. Este fija en 20 días el plazo del Senado para que pueda vetar o enmendar un proyecto de ley marcado urgente por el Gobierno o por el Congreso, además de la interpretación del TC acerca de que esta regla se aplica también a las proposiciones de ley.
El PP se centra en defender una tramitación ordinaria y no urgente de la ley de amnistía a la vez que tacha que la izquierda pretende evitar que acudan al Senado los jueces y expertos para que "no se conforme una opinión jurídica" que "les diga que es una aberración". Para los de Feijóo, la amnistía es un "atropello" y un "engaño" con la intención de permanecer cuatro años más en la Moncloa, por lo que se va a oponer con todos sus recursos. Además, recalcan su rechazo a un posible referéndum de autodeterminación en Cataluña. Vemos a continuación las principales cuestiones que surgen acerca de la amnistía.
La respuesta es sí. La amnistía se puede recurrir ante el Constitucional por grupos parlamentarios y por comunidades autónomas. El Partido Popular ya ha anunciado que lo hará y hay varias comunidades gobernadas por los de Feijóo que están dispuestas a ello. También puede recurrir el Defensor del Pueblo.
Hay dos opciones para ello. En el caso de que se trate de un recurso de amparo, como el que va a presentar el PP, la suspensión de la norma no se tramita automáticamente, sino que se tendría que solicitar como medida cautelar y que el TC la acordase. Sin embargo, si es un juez o tribunal el que acude a la corte de garantías o al Tribunal de Justicia de la UE, se acuerda la suspensión de los procesos judiciales que afecten al tribunal que pida la impugnación.
Hay que tener en cuenta que las impugnaciones de los jueces solo suspenderían la resolución del proceso judicial, es decir, el archivo, pero no las medidas cautelares pendientes que deberán quedar sin efecto.
La amnistía podría afectar a más de 300 personas, entre los que se encuentran condenados, procesados o investigados por actos llevados a cabo con la intención de reivindicar, promover o procurar la secesión o independencia de Cataluña, además de los que habrían contribuido a la consecución de esto. Todo ello del 1 de enero de 2012 al 13 de noviembre de 2023. No solo se ubicarían entre los beneficiados los líderes independentistas, sino también funcionarios públicos, alcaldes, directores de colegios y manifestantes. También se aplicaría a 73 agentes policiales que actuaron durante el referéndum del 1 de octubre de 2017. No se incluye el perdón para los delitos de terrorismo cuando haya una condena firme y los casos de torturas graves.
La proposición de ley entrará en vigor el mismo día que se publique en el Boletín Oficial del Estado (BOE). En los casos vinculados al procés, se tendrá que aplicar con carácter "preferente y urgente" en un plazo máximo de dos meses.
Se presentan dos escenas diferentes. Por un lado, si el Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional archivan su causa y no llegan al Constitucional ni a Europa, Puigdemont resulta exculpado de responsabilidad penal y es posible que regrese a España. En el caso de que estos tribunales duden de la constitucionalidad de la ley, no resultaría amnistiado de manera inmediata ya que el proceso judicial quedaría suspendido. Aún así, al obligar la ley a dejar sin efecto las medidas cautelares pendientes, no habría nada que le impida regresar a España sin ser detenido.