Semilibertad para Juan Ramón Carasatorre, uno de los condenados por el asesinato de Gregorio Ordóñez

Juan Ramón Carasatorre, uno de los presos de ETA condenados por el asesinato de Gregorio Ordóñez, disfruta desde el pasado 2 de enero de un régimen de semilibertad que le permite salir de la cárcel de lunes a viernes durante el día para trabajar o hacer un voluntariado, aunque tiene que permanecer en el centro penitenciario durante las noches, así como los fines de semana. Es un régimen que se sitúa entre el segundo y tercer grado, en aplicación del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario. La noticia no se había dado a conocer hasta hace unas horas.

El Gobierno vasco dio luz verde a la aplicación del 100.2 a comienzos de año, antes de autorizar la del exjefe de la banda, Mikel Garikoitz, alias Txeroki, que fue hace dos semanas y que despertó todas las alarmas. Asociaciones de víctimas como COVITE, AVT o Dignidad y Justicia alertaron de esta situación. Creen que el 100.2 es una vía que ha encontrado el Ejecutivo vasco (que tiene las competencias de prisiones desde 2021) para otorgar una alternativa a aquellos presos de ETA que todavía no pueden tener el tercer grado. Desde entonces, de los 35 presos que se han beneficiado de la aplicación de este artículo, 30 son miembros de la banda terrorista.

La hermana de Gregorio Ordóñez, Consuelo, que preside también COVITE, ha alertado hoy en Espejo Público de que el gobierno vasco está "vaciando las cárceles". "No pueden otorgarle el tercer grado, entonces la trampa que utilizan es el 100.2", ha asegurado durante una entrevista con Susanna Griso.

"El 100.2 es el adelanto de los beneficios del tercer grado para aquellos casos en los que no se cumplen esos requisitos que exige la ley. Es un artículo extraordinario", señala. "Sí, es legal, pero también fraudulento".

Una "amnistía encubierta"

Ya hace dos semanas con la puesta en semilibertad de Txeroki, la propia asociación avisó de la aplicación del artículo 100.2 estaba pasando de ser algo excepcional a una "norma". Incluso, COVITE señalaba en un comunicado, hecho público en sus redes sociales, que se trataba, en la práctica, de una "amnistía encubierta".

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