Atención al público
La norma surge tras el aumento de quejas en las oficinas de la Seguridad Social, que se triplicaron durante el 2022.
El ministerio de Seguridad Social ha iniciado un plan que ha generado bastante revuelo entre los sindicatos, ya que parece ser que no cumple con los objetivos deseados. Los sindicatos UGT, CCOO y CSIF, además de los propios ciudadanos, protestan desde hace meses ante la situación de colapso que hay en las oficinas de la Seguridad Social, y, según estos, el proyecto del gobierno de limitar a 15 minutos el tiempo de atención no desatascará la falta de las citas.
Ricardo Aguirre, de CSIF, asegura: “la solución del gobierno para desatascar la seguridad social no va a funcionar si no se contrata a más plantilla, la actual ya está sobrepasada”.
El plan del Ministerio, del que José Luis Escrivá admite "no tener ni idea", no solo se basa en fijar los tiempos de atención en menos de 15 minutos, sino que también incrementa las consultas por funcionario y día. De esta forma, se modifican las condiciones de trabajo que tendrán los trabajadores la plantilla de la Seguridad Social, quienes verán aumentada su jornada laboral sin recibir ningún tipo de compensación.
Los sindicatos creen que la reducción del tiempo de atención al cliente solo generará una peor calidad del servicio para la ciudadanía, ya que solamente se tendrán en cuenta la cantidad de expedientes que atienden los empleados diariamente, pero "no importará si la gestión se ha resuelto satisfactoriamente", como considera CSIF.
Atención al cliente sin cita previa
Desde el ministerio de Seguridad Social se han tomado distintas determinaciones que giran principalmente en torno a la apertura de los Centros de Atención e información de la Seguridad Social (CASI) en horario de tarde, la atención al cliente sin cita previa o dar prioridad a los mayores de 65 años y a las personas vulnerables con incidencia en la brecha digital.
Los sindicatos están convencidos de que las colas en las oficinas se duplicarán con el plan de Escrivá, y además exigen que se amplíe la plantilla, ya que unos 10.000 empleos han sido destruidos en los últimos diez años.