Pancartas
El presidente de la Generalitat, Quim Torra, considera que la nueva investigación del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) por haber mantenido la pancarta por los independentistas presos cuando se ordenó retirarla en septiembre supone "una causa más guiada por la venganza y la ideología". Fuentes de Presidencia de la Generalitat han afirmado en un comunicado que esta causa "aleja cada vez más la justicia española de los estándares europeos", después de que el TSJC haya aceptado investigar que Torra no retirara la pancarta con el lazo amarillo por los dirigentes políticos en prisión y el extranjero del balcón del Palau de la Generalitat entre el 23 y el 25 de septiembre -el 23 se le ordenó la retirada y no se hizo hasta el 27-.
"Causa general contra el independentismo"
Las mismas fuentes han garantizado que la defensa del presidente tomará las decisiones oportunas "contra este nuevo ataque judicial que será instruido por el mismo magistrado que en la ocasión anterior" -Carlos Ramos-, en la que fue condenado por un delito de desobediencia por no haberla retirado en período electoral, en una sentencia que no es firme. Aclaran que en el caso abierto ahora no se prohibió la pancarta durante periodo electoral -aunque entonces se convocaron las generales del 10 de noviembre-, sino que se obligó a retirarla del balcón "con carácter general y permanente", tras una petición de la entidad Impulso Ciudadano. Así, consideran que se demuestra que el problema de no retirar la pancarta no era el periodo electoral ni la neutralidad de las instituciones en campaña, sino que "el Estado español tiene un problema con la libertad de expresión y la defensa de derechos fundamentales". "Los tribunales de justicia continúan su causa general contra el independentismo motivada por razones políticas", han sostenido, y han defendido que Torra ha sido siempre coherente en la defensa de la libertad de expresión y de derechos civiles y políticos, por lo que no retiró la pancarta hasta que se presentaron los Mossos d'Esquadra para hacerlo con una orden judicial.
Dos causas
En un auto, la sala civil y penal del TSJC abre la nueva causa al presidente catalán, al considerar que presuntamente "se negó" a retirar una pancarta de apoyo a los políticos presos, hasta que lo hicieron los Mossos d'Esquadra por orden del alto tribunal. Dicha orden fue dictada, como medida cautelar, por la sala contenciosa del TSJC, a raíz de una demanda presentada por la asociación Impulso Ciudadano que pedía que se descolgara la pancarta y el lazo del Palau para mantener la neutralidad del edificio permanentemente, no solo en período electoral. Esta es la segunda causa que la justicia abre al presidente catalán por negarse a retirar símbolos de apoyo a los políticos presos de los edificios públicos, después de la que el pasado mes de diciembre le acarreó una condena a año y medio de inhabilitación, en una sentencia que todavía no es firme. A raíz de una demanda de Impulso Ciudadano, asociación liderada por el exdiputado de Cs en el Parlament José Domingo, la sala contenciosa del TSJC ordenó el pasado 20 de septiembre a Torra que retirara la pancarta, con el lema "Libertad presos políticos y exiliados" y flanqueada con un lazo amarillo, al considerar que debe garantizarse la "neutralidad institucional" del edificio. El presidente de la Generalitat, no obstante, desoyó el ultimátum de 48 horas que le dio el tribunal y recurrió en paralelo la orden, tras lo que el TSJC dictó un nuevo requerimiento en el que instaba a los Mossos d'Esquadra a retirar los símbolos de apoyo a los presos del Palau "de forma inmediata". Según mantiene el TSJC en su auto, Torra "se negó a hacerlo o a dar las instrucciones para que se cumpliera el mandato judicial", de forma que el 27 de septiembre la pancarta seguía en la fachada, y fue el comisario general del cuerpo de Mossos d'Esquadra quien la retiró por orden del tribunal, "dos días después de que se produjera el requerimiento judicial". Tras la retirada de la pancarta, cuatro activistas independentistas, los exdiputados Lluís Llach y Antonio Baños, la actriz Silvia Bel y la portavoz de la plataforma Som Escola, Teresa Casals, desplegaron otra con el lema "Libertad de opinión y expresión. Artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos".