ante la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados
La futura fiscal general del Estado, María José Segarra, se ha comprometido a analizar "todos y cada uno de los innumerables procedimientos" para verificar "si existió un uso de la fuerza proporcionado o desproporcionado" en Cataluña el 1-O. Lo ha hecho ante la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados, en la que ha expuesto las líneas generales de su mandato, paso previo a su nombramiento.
Segarra ha recordado que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado actuaron en cumplimiento de un mandato judicial y ha considerado que "con estas premisas el uso de la fuerza puede revestir, dependiendo de los escenarios de violencia que se pudieran encontrar, con resistencia, parámetros de proporcionalidad".
Pero ha asegurado que eso no significa que no se vayan a analizar "todos y cada uno de los innumerables procedimientos" abiertos, donde el fiscal "actuará con todo rigor y revisará todas las pruebas necesarias". Segarra ha hecho estas consideraciones a raíz de las preguntas de varios representantes de partidos independentistas (PDeCAT y ERC) y de Podemos, con relación al uso, a juicio de estos portavoces, desproporcionado de la fuerza durante la jornada de celebración del referéndum.
La fiscal ha querido dejar claro a los representantes de estos partidos que la Fiscalía no tiene una posición fijada hacia Cataluña y ha asegurado que "el principio de legalidad regirá de la misma forma en cualquiera de los procedimientos que se siguen" en relación al proceso independentista catalán.
"Se analizará hecho a hecho y en todos voy a tener una atención prioritaria", ha precisado en referencia a las tres causas que se siguen con relación a estos hechos en el juzgado de instrucción número 13 de Barcelona, en la Audiencia Nacional y en el Tribunal Supremo. Ha prometido respetar las decisiones de los fiscales de dichos casos, así como los mecanismos del Estatuto Fiscal que permiten a los fiscales manifestar discrepancias en casos concretos con la Fiscalía General del Estado.
"Cuando me siente a estudiar con ellos tengan por seguro que solo nos atendremos al principio de legalidad y si existen discrepancias, que es normal que las haya, por mi parte existirá un respeto absoluto a los canales estatutarios", ha señalado. En este sentido, ha apuntado que "ningún fiscal está obligado a cumplir una orden si la estima improcedente" y ha prometido informar a la ciudadanía de las decisiones del ministerio público en los momentos procesales adecuados.