TRAS SU REUNIÓN CON JUNQUERAS EN LA MONCLOA
La vicepresidenta del Gobierno en funciones, Soraya Sáenz de Santamaría, ha considerado que se han abierto cauces de diálogo con la Generalitat de Cataluña, con la que espera poder trabajar en beneficio de los catalanes.
Tras reunirse en el Palacio de la Moncloa con el vicepresidente catalán y conseller de Economía, Oriol Junqueras, la vicepresidenta ha confiado en que las dos instituciones trabajen para intentar solventar asuntos que son importantes para los catalanes.
"Si algún día podemos trabajar juntos, bienvenido sea", ha apostillado, convencida de que en un clima de cooperación y de reformas compartidas se puede servir a los ciudadanos y contribuir al crecimiento económico y la creación de empleo.
"Hemos abierto un cauce de diálogo que espero que sea estable", ha insistido Sáenz de Santamaría, quien se ha comprometido a escuchar y atender a Junqueras en los asuntos que le preocupen, con el deseo de que esa actitud sea recíproca.
Eso sí, sobre los recursos de inconstitucionalidad ha recordado que se basan en criterios competenciales y constitucionales, no políticos, de manera que cada institución debe moverse en los márgenes que les autorizan sus propias competencias.
Y acudir al Constitucional es el mecanismo de resolver cualquier disputa competencial, ha argumentado, para hacer hincapié en que mientras el Gobierno ha presentado 32 recursos al TC, la Generalitat ha interpuesto 51.
Sáenz de Santamaría ha confiado, no obstante, en que a través de instrumentos como las comisiones técnicas bilaterales o las previstas en el artículo 33 de la Ley del Tribunal Constitucional (TC) se puedan llegar a acuerdos que eviten la presentación de recursos. "En ocasiones se resuelve poniéndose de acuerdo en la interpretación", ha recalcado.
No ha querido avanzar qué pasará con la ley catalana de desahucios y pobreza energética, que el Gobierno estudia recurrir, algo que le ha pedido expresamente Junqueras que no haga. De esta norma y otras autonómicas recurridas por el Gobierno ha subrayado que no se trata de que haya discrepancias políticas sobre el fondo del asunto sobre el que se legisla, sino que los conflictos son competenciales.
Con esa filosofía ha planteado a la Generalitat que no recurra una normativa medioambiental de evaluación y acreditación energética.
Respecto a la convocatoria de la Junta de Seguridad, ha avanzado que puede haber un encuentro al máximo nivel entre el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y el conseller catalán del ramo, Jordi Jané, dado que con el Gobierno en funciones es difícil justificar que se tenga que reunir ese órgano.
En cuanto al plan hidrológico, la vicepresidenta ha explicado que su contenido actual mejora incluso las peticiones que en su momento realizó el Govern de Artur Mas y que una cuarta parte de las inversiones que contempla -1.012 millones de euros hasta 2021- es para Cataluña.
Sobre déficit y financiación autonómica, ha recordado que Cataluña recibirá este año 1.862 millones más que en el ejercicio pasado por liquidaciones del sistema de financiación, junto a los ahorros derivados de la reducción de costes por los nuevos mecanismos de préstamo.