Digitalización
El presidente ha firmado en Moncloa esta nueva medida, uno de los grandes proyectos del Ejecutivo en materia digital, pese a que el proyecto no implica modificar la legislación actual.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha firmado este martes en el Palacio de la Moncloa la Carta de Derechos Digitales, a la que se ha referido como "uno de los compromisos más importantes del Gobierno de España".
"Nos estamos situando, por primera vez, a la vanguardia en Europa de una gran debate que se está abriendo ya", ha dicho durante su comparecencia, que ha llegado después de las intervenciones de Nadia Calviño, vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Diana Morant, nueva ministra de Ciencia e Innovación.
"Se trata, sobre todo, de proteger los derechos de la ciudadanía, de reconocer y ampliar otros derechos y libertades de los ciudadanos", ha dicho. "La era de Internet, de la transformación digital y de la Inteligencia Artificial, además de muchas ventajas y avances, lleva consigo nuevas vulnerabilidades de extrema gravedad".
Los más perjudicados por el avance tecnológico
Sánchez ha enumerado algunas de las desventajas que implica el avance tecnológico: la exposición íntima de los más pequeños, el 'bullying' en redes sociales a menores o adultos que, por haber llegado tarde al manejo de los ordenadores, son incapaces de realizar gestiones cotidianas con su banco, administración pública o médico y que, como consecuencia de ellos, se ven excluidas de la gestión de temas esenciales para su bienestar.
En ese sentido, la carta recoge derechos de los usuarios en cinco grandes grupos: derechos de libertad, derechos de igualdad, derechos de participación y conformación del entorno digital, derechos de entorno laboral y empresarial y derechos digitales en entornos específicos.
Sin modificación legal
En ella se especifica que "no tiene carácter normativo, sino que su objetivo es reconocer los novísimos retos de aplicación e interpretación que la adaptación de los derechos al entorno digital plantea". Es decir, que el proyecto no implica modificar la legislación actual.