durante la sesión de Control al Gobierno del Congreso
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, expondrá mañana ante el pleno del Congreso de los Diputados la posición del Ejecutivo sobre la venta de armas a Arabia Saudí, en plena oleada de críticas internacionales por la muerte del periodista saudí crítico, Jamal Khashoggi, en el consulado de este país en Estambul.
La comparecencia de Sánchez responde a una petición que hicieron hace semanas Unidos Podemos y ERC, después de que el Gobierno revocase su decisión de frenar una venta de 400 bombas al régimen del Golfo pero, entre tanto, la muerte de Khashoggi ha hecho arreciar las críticas de Unidos Podemos y de los independentistas a la venta de armamento. Debido a este caso, el Gobierno alemán ha anunciado que suspenderá la venta de armas y ha emplazado a sus socios europeos a hacer lo mismo.
Además, la Junta de Portavoces del Congreso ha decidido aprovechar esta sesión plenaria para que el presidente dé cuenta también del Consejo Europeo de los días 17 y 18, un Consejo centrado en las negociaciones del Brexit y en la gestión de los flujos migratorios. De hecho, es probable que Sánchez aproveche esta comparecencia 'ómnibus' para destacar que el Gobierno español ha conseguido un renovado apoyo de la UE a Marruecos para frenar la inmigración ilegal.
Sánchez se presentará ante el Congreso después de que el ministro de Exteriores saudí haya prometido una investigación exhaustiva del asesinato de Khashoggi, y de que tanto el Rey como el príncipe heredero hayan expresado sus condolencias a la familia. Con todo, tanto los países del G7 como la UE han advertido de que quedan muchas cosas por aclarar. El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ha pedido a Riad que deje que los sospechosos sean juzgados en Turquía.
Hasta el momento, el Gobierno no ha dado indicios de que planee seguir la senda de Alemania y suspender las exportaciones de armas a Arabia Saudí. El pasado septiembre, el anuncio de Defensa de que suspendería la venta de 400 bombas valoradas en 9 millones de euros se revirtió en cuanto se supo que eso ponía en riesgo otro contrato armamentístico con el país, esta vez multimillonario: la construcción de cinco corbetas en los astilleros gaditanos de Navantia, valorado en 1.800 millones de euros y que daría trabajo a 6.000 personas durante cinco años.
Ahora, en plena precampaña de las elecciones andaluzas, Adelante Andalucía -la candidatura de la que forma parte Podemos- dice que debe ser el Gobierno español quien garantice carga de trabajo a los astilleros si no puede asegurarse el respeto de los Derechos Humanos. El alcalde de Cádiz, José María González, que en el pasado ha defendido el contrato de las corbetas, no se ha pronunciado esta semana pero su concejal David Navarro ha dicho que su posición es conocida.