El Gobierno aprueba una incapacidad para los afectados por la DANA y 180 millones para vivienda

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un amplio paquete de medidas destinadas a reforzar la protección social de los trabajadores y las familias, impulsar el acceso a la vivienda y hacer frente a las consecuencias de situaciones excepcionales, como las catástrofes naturales.

Entre las principales novedades destacan una prestación especial por incapacidad temporal para los trabajadores afectados por catástrofes como la DANA, la ampliación de las ayudas a familias con hijos que padecen enfermedades graves y nuevas condiciones para acceder a las pensiones de viudedad.

El Ejecutivo también ha aprobado una partida extraordinaria de 180 millones de euros para promover vivienda asequible en 317 municipios declarados zonas de mercado residencial tensionado.

Además, la portavoz del Gobierno y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha anunciado que este miércoles presidirá el Comité de Situación en Ceuta para analizar la evolución de la crisis migratoria que atraviesa la ciudad autónoma.

Nuevas prestaciones para trabajadores y familias

El Gobierno ha aprobado un real decreto-ley con el objetivo de ampliar la cobertura de la Seguridad Social ante situaciones que requieren una protección específica. Saiz ha explicado que el paquete busca "ampliar derechos, reforzar la protección de las familias y dar respuesta a situaciones que necesitaban de una cobertura más adecuada".

"Todas estas medidas, que vienen de meses de trabajo en el diálogo social tras escucha activa a diferentes asociaciones, responden a la convicción de que la Seguridad Social debe estar preparada para proteger a las personas cuando más lo necesitan", ha dejado claro la ministra.

Entre las novedades figura una prestación especial por incapacidad temporal para los trabajadores afectados por acontecimientos catastróficos, como las inundaciones, los incendios o los temporales. El objetivo es reforzar la protección económica de quienes se vean afectados por estas emergencias y no puedan desarrollar su actividad laboral con normalidad.

Familias con hijos gravemente enfermos

Otra de las medidas aprobadas afecta a la prestación para el cuidado de menores con cáncer u otras enfermedades graves, conocida como CUME. Esta ayuda compensa la pérdida de ingresos de los progenitores que necesitan reducir su jornada laboral para atender a sus hijos.

Con la nueva regulación, la prestación podrá mantenerse más allá de los 26 años cuando la persona afectada tenga una discapacidad superior al 65% o un grado 3 de dependencia. Además, el Ejecutivo amplía la posibilidad de que ambos progenitores puedan percibir la prestación simultáneamente.

Saiz ha destacado la importancia de esta modificación, cuyo desarrollo reglamentario también está próximo a completarse: "Ésta es una medida importantísima que está a punto de ver la luz", ha señalado.

Pensiones de viudedad para parejas no inscritas

El Consejo de Ministros también ha aprobado una ampliación del acceso a las pensiones de viudedad. La nueva medida permitirá que las parejas de hecho no inscritas puedan acceder a esta prestación siempre que acrediten dos años de convivencia y tengan hijos en común, sin necesidad de haber formalizado legalmente su relación.

Además, la modificación permitirá reclamar la pensión a aquellas personas que hayan enviudado durante el último año y cumplan los requisitos establecidos. El paquete también incluye mejoras en la protección de mujeres que sufren patologías asociadas a la menopausia y de víctimas de violencia de género, así como en las pensiones extraordinarias derivadas de actos terroristas.

También se refuerza la protección de los huérfanos y huérfanas por violencia machista y se elevan las cuantías del Fondo de Garantía del Pago de Alimentos.

180 millones para vivienda asequible

En materia de vivienda, el Gobierno ha aprobado un real decreto que contempla 180 millones de euros adicionales para los municipios declarados zonas de mercado residencial tensionado. Los fondos se repartirán entre 317 municipios, en los que residen más de 9,3 millones de personas, con el objetivo de aumentar la oferta de vivienda asequible y social.

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha explicado que esta "inyección adicional" permitirá promover nuevas viviendas y actuar en los territorios donde existen mayores dificultades de acceso.

El dinero podrá destinarse a la construcción y rehabilitación de viviendas para alquiler asequible o social, la adquisición y urbanización de suelo residencial, la compra de inmuebles para incorporarlos al parque público y la puesta en marcha de soluciones habitacionales de emergencia. También se contempla su utilización para mecanismos de cobertura frente a impagos de alquiler.

Cataluña recibirá la mayor parte de los fondos

La distribución anunciada por el Ministerio de Vivienda es la siguiente: para Cataluña 119,4 millones de euros, para País Vasco 31 millones, para Navarra 13,3 millones, para Galicia 10,2 millones y para Asturias 5,9 millones.

Cataluña concentra la mayor parte de los municipios incluidos en la medida, con 271 localidades declaradas zonas tensionadas. Le siguen Navarra, con 21 municipios; País Vasco, con 18; Asturias, con cinco; y Galicia, con las ciudades de A Coruña y Santiago de Compostela.

La asignación de los recursos tendrá en cuenta la población de cada territorio y el esfuerzo realizado por las administraciones para facilitar el acceso a la vivienda.

Saiz presidirá el Comité de Situación en Ceuta

Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Elma Saiz también ha abordado la situación de Ceuta después de la entrada masiva de migrantes registrada los pasados 30 y 31 de julio.

La ministra ha anunciado que este miércoles presidirá el Comité de Situación en la ciudad autónoma para evaluar la evolución de la crisis y coordinar las actuaciones del Gobierno. "Ceuta no está sola", ha asegurado Saiz.

La portavoz del Ejecutivo ha recordado que el pasado domingo se llevó a cabo una nueva operación de desalojo en diferentes espacios de la ciudad, después de despejar las zonas de las playas de El Trampolín y El Guano.

Las personas trasladadas fueron derivadas a instalaciones habilitadas en la explanada y las naves de El Tarajal, así como al entorno del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI), para realizar los correspondientes procesos de identificación y valoración.

Más de 12.700 migrantes han regresado a Marruecos

Saiz ha ofrecido también un balance actualizado de las actuaciones realizadas desde el pasado 10 de agosto. Según los datos facilitados por la ministra, 12.705 personas han regresado a Marruecos, de las que 12.142 corresponden a retornos voluntarios y 536 a expulsiones.

El Gobierno ha habilitado además 7.477 plazas en recursos temporales de la Administración General del Estado para atender a las personas afectadas por la situación.

En cuanto a los menores migrantes, Saiz ha informado de que 3.331 han sido atendidos por el sistema autonómico de protección. De ellos, 107 han sido reubicados en la Península mediante procedimientos de reagrupación familiar y otros 181 han sido trasladados a diferentes comunidades autónomas en aplicación del artículo 35 de la Ley de Extranjería. Además, 63 expedientes han sido remitidos a Marruecos.

La ministra ha insistido en que el Ejecutivo seguirá coordinando las actuaciones necesarias para gestionar la situación en Ceuta, mientras continúa desplegando recursos de atención y protección.

Aprueban las medidas antes de las elecciones

Elma Saiz también ha respondido a las preguntas sobre la aprobación de este paquete de medidas sociales a pocas semanas de las elecciones generales del 29 de noviembre. La portavoz del Gobierno ha defendido que se trata de iniciativas que llevan meses preparándose y que responden a necesidades concretas de la ciudadanía.

"Son medidas muy maduras, que afectan al día a día de mucha gente y en esa coherencia de seguir gobernando llevamos ese importante paquete al Consejo de Ministros", ha concluido. El Ejecutivo afronta así la recta final previa a las elecciones con nuevas medidas de protección social, financiación adicional para vivienda y la continuidad del dispositivo de atención a la crisis migratoria en Ceuta.