QUIEREN DAR PRIORIDAD A LA SEGURIDAD
El Ayuntamiento de Reus, ha aprobado las ordenanzas de civismo que impiden ir con la cara tapada en la vía pública, aunque no se podrá multar a las mujeres que usen velo integral. Son precisamente el "burka" y "niqab" lo que mediante una alegación del propio equipo de Gobierno, ha previsto multar con 750 euros a quien circule por la calle con uno de ellos.
Sin embargo, la primera teniente de alcalde, Alicia Alegret (PP) ha reconocido que "la voluntad ha sido llegar hasta el final, pero la legislación no nos permite sancionar" a quienes lleven velo integral, ya que un informe del secretario municipal les advertía de que prevaricarían si multaban.
Alegret, una concejala de Seguridad, ha anunciado que "usará todos los mecanismos a su alcance" para evitar el velo integral en la calle y ha asegurado que "la Guardia Urbana no mirará hacia otro lado".
Por su parte, el informe del secretario, que ha sido solicitado por el PSC, advierte que multar a las mujeres con velo integral es prevaricar, ya que la regulación de máximo rango en España es una sentencia del Tribunal Supremo que prioriza la libertad religiosa.
Tras las ordenanzas aprobadas ahora debe redactarse un protocolo para que la Guardia Urbana las pueda aplicar.
También se ha manifestado el alcalde de Reus, Carles Pellicer (CiU), quien ha asegurado que "cuando podamos, sancionaremos", y ha lamentado la "falta de legislación y voluntad política" de los ejecutivos central y autonómico, ya que un ayuntamiento no puede regular este tema al exceder sus competencias.
Pellicer ha argumentado además que la sentencia del Tribunal de Estrasburgo avala la intención de su equipo de gobierno, al priorizar la seguridad y la convivencia por encima de la libertad religiosa, "a diferencia del Supremo".
Los grupos del PSC, Ara Reus y CUP, en la oposición, no han ahorrado críticas en su turno de explicación de voto en una sala de plenos que no ha congregado ni mujeres musulmanas ni protestas, aunque sí un fuerte dispositivo policial.
La moción del PP (apoyada por sus siete concejales) se basa en la sentencia del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, que avala la ley francesa de prohibición del velo integral al dar prioridad a la seguridad por delante de la libertad religiosa.