Investidura
Los expertos en Derecho Constitucional explican si se puede celebrar un referéndum como el que se recoge en el pacto entre PSOE y Junts.
La ley de amnistía es el núcleo del acuerdo que han sellado PSOE y Junts tras varios días de intensa negociaciones en Bruselas. Días en los que las negociaciones se veían encalladas por las discrepancias entre las formaciones políticas, que han logrado limpiar asperezas y llegar a un pacto para investir a Pedro Sánchez como presidente.
La celebración de un referéndum es la aspiración de Carles Puigdemont. Una de las condiciones, junto a la amnistía, para que Junts vote a favor de Sánchez en el debate de investidura, que aún no tiene fecha.
El texto acordado, recoge literalmente que Junts "propondrá la celebración de un referéndum de autodeterminación sobre el futuro político de Cataluña amparado en el artículo 92 de la Constitución". Sin embargo, el PSOE se limita a defender "el amplio desarrollo, a través de los mecanismos jurídicos oportunos, del Estatuto de 2006".
El artículo 92 de la Carta Magna al que se refiere la Constitución reza lo siguiente:
"1. Las decisiones políticas de especial trascendencia podrán ser sometidas a referéndum consultivo de todos los ciudadanos.
2. El referéndum será convocado por el Rey, mediante propuesta del Presidente del Gobierno, previamente autorizada por el Congreso de los Diputados.
3. Una ley orgánica regulará las condiciones y el procedimiento de las distintas modalidades de referéndum previstas en esta Constitución".
Todos los ciudadanos, no solo los ciudadanos de Cataluña. Y para cambiar ese artículo para que solo voten los ciudadanos de Cataluña, el PSOE y los independentista necesitarían los votos del PP. Conseguir los votos necesarios se antoja prácticamente imposible con el PP en contra.
¿Podría haber un referéndum? Sí, la Constitución recoge un artículo sobre ello, si se entiende como una consulta ciudadana. "No -puede haber un referéndum- sobre una cuestión que es palmariamente inconstitucional", explica Elviro Aranda, catedrático de Derecho Constitucional.
Porque la celebración de un referéndum de autodeterminación sería ilegal al chocar contra uno de los fundamentos de nuestra Constitución: la unidad de España. "Atenta contra la unidad de España", afirma Aranda. Un principio recogido en la Constitución en su artículo 2.
"La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas".
También lo manifiesta así Agustín Ruiz Robledo, Catedrático de Derecho Constitucional: "El artículo 2 prohíbe la independencia de una región".
La única manera sería intentar sortearlo con la pregunta escogida para la consulta: "Que diga algo así cómo 'está usted de acuerdo con que se modifique la Constitución para que Cataluña pueda declararse independiente?", explica Ruiz Robledo. Pero en ese caso tampoco sería vinculante, es decir, no obligaría a cumplir el resultado.
"Es la renuncia expresa a la unilateralidad", afirma Javier Pérez Royo.
La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha publicado un anuncio en el que rechaza alcanzado por PSOE y Junts para investir a Pedro Sánchez presidente del Gobierno en la que expresa su "frontal oposición" y anticipa que actuará por "los cauces legalmente establecidos".
"Frente al anuncio de la eventual constitución de comisiones parlamentarias de investigación que puedan llegar a determinar lo que ambiguamente se denominan 'responsabilidades' derivadas, precisamente, de advertirse situaciones de 'lawfare', nos hacemos eco y compartimos el frontal rechazo a tales iniciativas, en línea con lo ya manifestado por la totalidad de las asociaciones judiciales", ha indicado. "La continuidad de tal iniciativa parlamentaria, de llegar a materializarse, determinaría nuestra más frontal oposición a través de los cauces legalmente establecidos", añaden.
Las asociaciones de jueces y fiscales también han expresado su "profunda preocupación" por el acuerdo sellado en el que se incluye la amnistía. Explican que "el texto del acuerdo alcanzado contiene explícitas referencias a la posibilidad de desarrollar comisiones de investigación en sede parlamentaria a fin de determinar la presencia de situaciones de judicialización de la política, con las consecuencias que, en su caso pudieran dar lugar a acciones de responsabilidad o modificaciones legislativas".
"Ello podría suponer, en la práctica, someter a revisión parlamentaria los procedimientos y decisiones judiciales con evidente intromisión en la independencia judicial y quiebra de la separación de poderes", indican.