Amnistía
El PP presenta un recurso de inconstitucionalidad contra la ley de Amnistía.
El Partido Popular considera que la ley de amnistía es, además de inconstitucional, "injusta e inmoral", y que sólo busca "borrar delitos que han sido cometidos para que uno se pueda mantener en el poder". Con esos argumentos, la formación ha recurrido este jueves la norma ante el Tribunal Constitucional.
La encargada de presentar ese recurso ha sido la secretaria general del PP, Cuca Gamarra. Un recurso en el que, en sus propias palabras, se "plasman todas las vulneraciones e infracciones constitucionales en los que incurre". Para Gamarra, esto no era solo necesario, sino que también era "una obligación moral del PP como único partido de Estado, fiel a la Constitución y a la igualdad, el único partido de Estado que queda en el arco parlamentario".
El partido no ha hecho público por ahora el recurso ante el Tribunal Constitucional, firmado por los diputados y senadores, pero la número dos del PP ha explicado a los medios que consideran la ley inconstitucional porque "es arbitraria" ya que su único objetivo es "conseguir el poder a cambio de la impunidad absolutamente arbitraria por todos aquellos que la han impulsado y así lo han reconocido los propios debates parlamentarios".
Ahora que el recurso del PP ya ha sido registrado, el presidente del alto tribunal tiene la intención de trasladarlo para su admisión a trámite en el próximo pleno del 24 de septiembre. La ponencia del recurso ha correspondido al magistrado José María Macías. Además, el pleno del Tribunal Constitucional tiene previsto empezar a estudiar la semana próxima la constitucionalidad de la norma a partir de la cuestión que elevó a finales de julio el Tribunal Supremo.
La docena de autonomías gobernadas por los populares también tienen previsto presentar sus propios recursos de inconstitucionalidad contra la amnistía por romper la igualdad de los españoles. Todas tienen de plazo para hacerlo hasta el próximo 11 de septiembre, ya que la norma se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el 11 de junio y disponen de tres meses para recurrir.
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