Procés
El juez necesita más tiempo debido a la extraordinaria complejidad de la causa.
Se investiga en estos momentos la relación entre Puigdemont y Rusia. Se ha sabido que el prófugo de la Justicia y algunos de sus colaboradores mantuvieron reuniones con individuos del entorno de Putin, que aseguraban estar dispuestos a ayudar a la 'República Catalana Independiente".
Según las nuevas revelaciones, Vladimir Putin, a través de Cataluña, habría tratado de desestabilizar a la Unión Europea. A cambio, ofrecía al expresidente catalán miles de soldados para conseguir la independencia y también millones de dólares. El intercambio se cerraba con una legislación catalana propia sobre criptomonedas que favoreciese los intereses rusos, convirtiendo a Cataluña en una especie de Suiza en el terreno de la moneda digital.
Además, se ha sabido que el nexo entre Puigdemont y Rusia se habría cerrado a través de varias reuniones acreditadas. Incluso - según el auto - Puigdemont habría recibido a un enviado de Putin en su residencia y habría enviado a su abogado y a su hombre de confianza Josep Lluis Alay a entrevistarse con los más altos capos de la mafia rusa. Según el auto de García Castellón, esto podría no solo haber provocado la desestabilización de la demacración en la Unión Europea, sino también la salida de España como consecuencia.
El objetivo del juez es saber cada detalle de la relación de Puigdemont con el Kremlin. Desea comprobar si hay más datos en los teléfonos, en los informes y en la documentación que acrediten ese vínculo. Por eso es necesario más tiempo. Concretamente hasta el 29 de julio, sin perjuicio de las prórrogas sucesivas por periodos de seis meses o inferiores que pudieran acordarse si procediera antes de la finalización de ese plazo.
Esta pieza separada de la causa empezó en 2016 como una investigación por el presunto desvío de fondos de la Diputación de Barcelona a entidades afines a CDC. Están investigados Josep Lluís Alay, jefe de la oficina de Puigdemont, el informático de Waterloo Jaume Cabaní y el excargo de CDC Víctor Terradellas, entre otros.
Por su parte, Manuel García Castellón, juez de la Audiencia Nacional, ha acordado también este lunes prorrogar otros seis meses la instrucción de Tsunami Democràtic debido a la extraordinaria complejidad de la causa. "Existen datos que identifican a personas y confirmarían las estrechas relaciones personales existentes entre algunos de los investigados con individuos de nacionalidad rusa, alemana o italiana", ha explicado el magistrado.