Quim Torra
La jueza acuerda que se celebre igualmente la vista sin la presencia del ex presidente de la Generalitat de Cataluña, para el que la Fiscalía pide 20 meses de inhabilitación.
Hoy, a las 9:30, Quim Torra tenía que acudir a la sala 221 de la Ciudad de la Justicia de Barcelona. El motivo: su segundo juicio por desobediencia. Al que fuera presidente de la Generalitat de Cataluña entre 2018 y 2020 se le acusa de desoír una orden judicial; en concreto, la que emitió el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en 2019 ordenando la retirada del balcón de la sede de la Generalitat de una pancarta en apoyo a los exdirigentes catalanes presos por el 'caso Procés' y en la que aparece también un lazo amarillo.
Se le dio un plazo de 48 horas. No lo cumplió. Retiró la pancarta dos días después de vencer el límite, pero a tiempo de evitar que los Mossos entrasen en el Palau y quitasen la pancarta.
Son unos hechos similares a los de su primer juicio, que acabaron en una condena (confirmada por el Supremo) de año y medio de inhabilitación por desobediencia. La sentencia le despojó del cargo de presidente de la Generalitat y precipitó las elecciones que dieron la victoria a Pere Aragonés, el actual líder del ejecutivo catalán.
Pero esta mañana, dos horas antes del juicio, Torra ha subido a sus redes sociales un vídeo en el que comunicaba que no acudiría a la vista para "no legitimar" lo que considera "una farsa". Aprovecha para pedir "amparo a los tribunales internacionales" porque, según asegura, "los independentistas catalanes solo podemos encontrar la Justicia en Europa".
"Hoy me vuelven a juzgar, pero no legitimaré una nueva farsa, una nueva escenificación represiva disfrazada de justicia con mi presencia", indica Torra en el vídeo. "Pido amparo a los tribunales internacionales, porque no reconozco la legitimidad de la justicia española, que no respeta ni los tratados internacionales ni los derechos fundamentales",
Torra interpreta el juicio como "una nueva manifestación que la represión política en el estado español contra la minoría nacional catalana continúa".
El expresidente debería sentarse en un banquillo acusado de desobedecer una orden del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) para que retirara de la Generalitat un lazo amarillo, símbolo de apoyo a los políticos presos condenados por delitos de sedición, que ya le costó el cargo en 2020.
La Fiscalía le pide ocho meses de inhabilitación y una multa de 30.000 euros, la misma condena que solicitó para él en 2019.
La vista ha seguido adelante sin Torra
A pesar de no acudir a su propio juicio, la titular delJjuzgado de lo Penal número 6 de Barcelona ha acordado seguir adelante con la vista. Aunque por norma general los acusados tienen que acudir a los juicios, la ley permite algunas excepciones como ésta, siempre que la petición de pena no supere los dos años de cárcel o los seis de inhabilitación. La Fiscalía pide un año y ocho meses de inhabilitación –además de una multa de 30.000 euros- por lo que se cumplen los parámetros legales.
Quien sí ha acudido a la vista es, lógicamente, el abogado de Quim Torra. Se trata de Gonzalo Boye, que también se ocupa de la defensa de otros independentistas catalanes como Carles Puigdemont. A preguntas de la prensa, el letrado ha reconocido que “no sabe cómo va a salir el juicio”, pero se mostraba confiado en que, ocurra lo que ocurra, todo acabe bien para su defendido porque, según asegura, “siempre ganamos en Europa”.
Ya dentro, Boye ha pedido para Torra la libre absolución. Entre sus argumentos, ha esgrimido que "la neutralidad no existe en los espacios públicos" y que "del Ayuntamiento de Madrid no he visto a nadie quejarse". Ha insistido además en lo planteado por el Consejo de Europa, que ha pedido a España en una resolución “el levantamiento de los procesos judiciales sobre causas de posicionamientos políticos".
El fiscal le ha respondido que el documento de un órgano "meramente consultivo" y se acordó "en cuórum mínimo". El Ministerio Público mantiene su petición de pena porque considera que Torra "aprovechó los recursos de la administración para favorecer mensajes políticos determinados". "El problema nunca fue la pancarta", ha añadido, "sino el uso indebido de un edificio público".
El juicio ha durado poco más de una hora y ha quedado visto para sentencia.