Coronavirus
Familiares de una mujer que falleció por coronavirus han presentado una querella contra el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, por el delito de homicidio imprudente al considerarle responsable de al menos 27.000 muertes por coronavirus en España por haber "comunicando públicamente una serie de directrices erróneas y contradictorias". Solicitan como medida cautelar la retirada de pasaporte y la prohibición de salir del territorio nacional.
El caso 'Madrid Arena' como base
La querella se basa en la sentencia del Tribunal Supremo sobre el 'caso Madrid Arena' para justificar el delito de homicidio imprudente. Según recuerda el escrito presentado en los juzgados de instrucción de Madrid, el alto tribunal revocó la absolución dictada por la Audiencia Provincial de Madrid respecto de un vigilante que, "viendo aplastada a una asistente, no le hizo la reanimación, llegando con posterioridad una ambulancia que sí se la hizo, falleciendo la misma". El escrito señala que los fundamentos jurídicos de esta sentencia describen la doctrina del "incremento del riesgo", que según los querellantes se puede aplicar a la "conducta" de Simón, que ha ofrecido diariamente durante la crisis sanitaria una rueda de prensa para comunicar la evolución de la pandemia por coronavirus. La querella -a la que se adherirán otros, según advierte- asegura que Simón "ha ido comunicando públicamente una serie de directrices erróneas y contradictorias, haciendo creer a todala población que el impacto del covid-19 en nuestro país sería mínimo". "Dichas directrices han sido fatales pues provocaron, que de forma generalizada, se bajase la guardia hasta tal punto que no se llegó a hacer acopio de medios de prevención para hospitales y ni para que la población en general pudiese trabajar y desarrollar su vida cotidiana con garantías de salud, condenando a millones de personas al desempleo o precariedad laboral, convirtiendo a España en uno de los países del planeta con mayor número de fallecidos por 100.000 habitantes a consecuencia de la infección por covid-19", añade la querella.
"Quitó hierro a la situación"
El escrito hace hincapié en dos declaraciones públicas del experto en las que se demostraría que "quitó hierro a la situación". La primera de ellas es cuando el pasado 31 de enero -un día después de la Organización Mundial de la Salud (OMS) declarara el coronavirus "situación de emergencia global"-, desde el Palacio de La Moncloa, afirmó que España no iba a tener "como mucho más allá de algún caso diagnosticado" y que si había transmisión local sería "muy limitada y muy controlada". La segunda de las manifestaciones que reprochan los querellantes es la respuesta que dio a la pregunta de un periodista sobre si recomendaría asistir a las manifestaciones del 8 de marzo por el Día Internacional de la Mujer. Simón dijo que "no prohibiría a su propio hijo acudir, debiendo decidir por sí mismo".
Los querellantes, representados por la abogada Verónica Suárez, también apuntan que, pese a conocer la alerta de la OMS, Simón no exigió al Gobierno "la adopción de medidas con mucho más tiempo para haber amortiguado el efecto" del coronavirus. En este sentido, la querella hace alusión a la causa penal abierta contra el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, por un delito de prevaricación por permitir concentraciones multitudinarias los días previos a la declaración del estado de alarma, como el 8M. La juez que investiga este caso decidió descartar la comisión de un presunto delito de lesiones imprudentes tras recibir el informe del médico forense, que estableció que no hay "relación de causalidad" entre acudir a una manifestación y el contagio por coronavirus, ya que no se puede conocer dónde se pudo infectar realmente una persona que asistió a una concentración.
Sin embargo, la querella, sin entrar a discutir si "se sabe si tal o cual concreta persona incubó el virus al tocar un elemento de su trabajo, el pomo de su casa, o una barandilla del metro, puesto que entraríamos en el terreno de lo hipotético", subraya que "lo importante es el retraso en la advertencia a la población de la verdadera magnitud" de la epidemia, pese a las advertencias por el riesgo de contagio de otras administraciones y conociendo la situación que vivía en aquel momento Italia.
El caso del aceite de colza
Así, afirma que el Supremo también tiene jurisprudencia en este sentido y recuerda el 'caso del aceite de Colza' en el que el alto tribunal elevó la pena a uno de los funcionarios acusados al entender que debió prever "un peligro potencial que a la larga se concretó en unos resultados de gravísimas consecuencias". Con todo ello, los querellantes proponen que, en caso de que su escrito sea admitido a trámite, se formen dos piezas separadas para investigar a Simón, y a "aquellas personas, especialmente del Ministerio de Sanidad, que pudieran resultar también responsables de los hechos", advierte, por el delito de homicidio imprudente.
¿Delito contra los derechos de los trabajadores?
Pero también por un delito contra los derechos de los trabajadores al entender que "la persona que ocupa el mayor puesto de responsabilidad técnica" no ha adoptado las medidas de protección con antelación, mientras que varios juzgados han "obligado" a diversos Ministerios a proporcionar este material a distintos colectivos y la Policía Nacional y el Ejército de Tierra hacían mención de tal necesidad en sus informes de prevención de riesgos laborales. Los querellantes recalcan que no entienden por qué se ha hecho obligatorio el uso de las mascarillas "ahora que desciende el número de fallecidos", mientras que en el "momento de mayor mortandad, frente a los criterios de otros órganos técnicos públicos, no se acosejase u obligase nada al respecto". En cuanto a la segunda pieza separada, el escrito insta a que se investigue un presunto delito de falsedad en documento público cometido por funcionario público, por haber dado "aparentemente" datos "falsos" sobre el número de fallecidos.
En cuanto a la práctica de diligencias, la letrada Verónica Suárez solicita que se realice una decena de ellas, como que se requiera al Ministerio de Sanidad a aportar copia íntegra y ordenada de todas las comunicaciones escritas, oficiales o no, del querellado con cualquier otro componente del Ministerio, o hacia fuera del mismo desde el año 2019. También quiere que el departamento que dirige Salvador Illa aporte oficialmente las cifras de fallecidos que se han ido dando públicamente desde el inicio de la pandemia y que se pida al Registro Civil Central un recuento de fallecidos desglosado por provincias en los meses de marzo a junio de los años 2018, 2019 y 2020. Además, insta a que se solicite al Palacio de la Moncloa todas las grabaciones de todas las intervenciones retransmitidas por televisión que Simón haya realizado desde ahí.