España
Aunque el Ejecutivo confía en aprobar sus cuentas con sus apoyos habituales, los socios de investidura ya han puesto sobre la mesa algunas condiciones.
Activada la cuenta atrás. El Gobierno ha comenzado ya de lleno con las negociaciones para sacar adelante los que serán sus terceros Presupuestos Generales en un momento en el que la relación entre PSOE y Unidas Podemos vuelve a tensarse por las diferencias con respecto a la Ley Trans, una de las apuestas de la formación morada.
Aunque el Ejecutivo se muestra bastante confiado en aprobar las cuentas con sus socios de investidura, como ERC, PNV o Más País, este martes, en el debate a las enmiendas a la totalidad de los PGE, la ministra de Hacienda se ha mostrado "abierta" a negociar con el resto de grupos parlamentarios.
María Jesús Montero ha "tendido" públicamente la mano al resto de partidos para mejorar las cuentas públicas. Sin embargo, poco antes ha cargado duramente contra PP y Vox, a los que ha acusado desde la tribuna de intentar "deslegitimar" al Gobierno tras mostrar su profundo rechazo a las cuentas, a las que varios organismos han criticado por "falta de realismo".
A pesar de ello, Montero ha insistido: los Presupuestos Generales suponen "justicia social" para los españoles en un momento en el que la crisis económica y energética, con la llegada del invierno, ponen en amenaza a los hogares españoles.
La portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, ha asegurado que su partido no dará luz verde a las cuentas y ha cargado con el Gobierno de coalición por aumentar el gasto público.
"Son unas cuentas públicas al servicio del interés particular del presidente", ha espetado la 'número 2' de los populares, que ha puesto sobre la mesa el endeudamiento que algunos organismos destacan. "No hay nada hay más insolidario, injusto y menos progresista que sustraer recursos de las generaciones futuras para que usted lo gaste en el presente y el presidente pueda seguir meses en la Moncloa", ha subrayado.
La tercera fuerza de la cámara, Vox, ha asegurado que el Ejecutivo "antepone sus intereses" a los del país y ha mostrado su intención de tumbar las cuentas con "tintes electoralistas".
Los socios de investidura exigen condiciones para apoyar las cuentas
A pesar del tenso debate, el Gobierno ha mostrado su confianza a sacar hacia adelante los PGE con sus habituales socios. Sin embargo, esos apoyos no serán desinteresados y el Gobierno tendrá que pactar y ceder en algunas de las exigencias o condiciones que imponen desde Más País, Esquerra o, por ejemplo, desde Bildu, quienes exigen la expulsión de la Guardia Civil del País Vasco y Navarra.
Asimismo, los independentistas catalanes han condicionado su apoyo a las cuentas con una posible reforma del Código Penal para rebajar las penas por sedición en nuestro país. El Gobierno esta misma semana se abría a realizar esa reforma, asegurando Sánchez que se trataba de un "compromiso personal", y ponía sobre la mesa su debate. Sin embargo, poco después, la ministra de Justicia reconocía no contar con los apoyos suficientes para ello.
Aunque en ERC no lo dicen abiertamente, la formación catalana insiste en que se concrete esa reforma para así dar luz verde a los presupuestos, al igual que ya hizo el PNV con las competencias de las prisiones o la cesión del impuesto a los ricos.
Más País, en cambio, ha exigido al Gobierno la creación de un Observatorio Nacional de Trastornos de Conductas Alimentarias.
Por el momento, solo queda esperar para ver si el Ejecutivo, finalmente, podrá sacar adelante las cuentas para el 2023 y en qué materia tendrá que ceder con sus socios.