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Madrid, Cataluña o País Vasco son sólo algunas de las comunidades españolas afectadas por la okupación. Actualemente, en nuestro país hay 100.000 viviendas que se encuentran ocupadas por los okupas.
A los propietarios les protege, en la teoría, la ley 'antiokupas'. Pero, en la práctica es todo lo contrario. Una vez presentada la denuncia de ocupación ilegal, comienza el proceso judicial.
Por lo general, este proceso suele tardar. En primer lugar, se le pide al okupa el motivo de la ocupación. Si en un plazo de cinco días no responden, se procede a su desalojo.
Los trámites para echar a un okupa de una vivienda suponen tiempo de semanas y meses.
Desde el PP, proponen agilizar los procesos penales contra la okupación. En Ciudadanos quieren crear una ley contra esta práctica. El partido de Santiago Abascal, Vox, pretende que el uso de la fuerza sea la mejor vía para proteger la vivienda.
En cambio, desde Unida Podemos plantean prohibir los desalojos sin alternativa habitacional. Y desde el PSOE creen que lo mejor es establercer medidas específicas de ayuda al alojamiento.