SEGUNDO ANIVERSARIO DEL REFERÉNDUM INDEPENDENTISTA
Para los independentistas la fecha tiene el suficiente simbolismo como para que estén movilizados, pero es que, además, este año coincide con más elementos que convierten este 1-O es especial.
ENTRE EL ANIVERSARIO Y LA SENTENCIA
El factor más determinante de los próximos días será la sentencia del 'procés' que dictará el Tribunal Supremo, previsiblemente antes del 16 de octubre, cuando se cumplen los dos años en prisión preventiva de Jordi Cuixart y Jordi Sànchez y habría que prorrogarla, un asunto que no gusta entre los jueces. Desde las filas independentistas reclaman la absolución de los doce encausados -nueve de ellos en prisión provisional- que afrontaron el juicio del 'procés' entre febrero y junio, pero a la vez dan por hecho que habrá condenas, por lo que desde hace meses hay conversaciones para intentar pactar una respuesta unitaria. Tanto Puigdemont como los otros seis dirigentes independentistas que huyeron de España para evitar el juicio del 'procés' están muy pendientes del desenlace de la sentencia, ya que el juez instructor, Pablo Llarena, puede decidir reactivar las euroórdenes de detención que él mismo retiró tras la negativa de un tribunal alemán de entregar al expresidente de la Generalitat.
DESOBEDIENCIA
Los contactos discretos aún no han servido para que partidos y entidades soberanistas acuerden una estrategia de respuesta si hay condenas, más allá de prever masivas movilizaciones de protesta, que podrían incluir un 'paro de país' y ocupaciones de espacios clave. El Parlament aprobó una resolución de la CUP, apoyada por JxCat y ERC, que avala la "desobediencia civil e institucional" para defender derechos civiles, políticos y sociales, pero no hay acuerdo en cómo traducir esas palabras a los hechos, y en ciertos sectores existen serias dudas sobre la conveniencia de ese camino: el expresidente de la Generalitat Artur Mas, por ejemplo, ya ha advertido de que la "desobediencia institucional no es efectiva". Aparcada la idea de un gobierno de concentración sugerida por ERC -y respondida con un portazo por los comunes y la CUP-, y descartado de momento un nuevo referéndum, los independentistas apuestan por reclamar una "amnistía" y ejercer la autodeterminación, sin aclarar todavía en qué formato se ejercería, aunque según algunas voces soberanistas podría plasmarse en unos nuevos comicios "refrendarios".
IMPACTO DE LA 'OPERACIÓN JUDAS'
La conmemoración del 1-O llega este año bajo el impacto de la 'Operación Judas', llevada a cabo por la Guardia Civil y que ha implicado, por decisión del juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, el ingreso en prisión de siete miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR), por presuntamente integrar una organización "jerarquizada" que pretendía instaurar la república catalana por "cualquier vía, incluidas las violentas". JxCat, ERC y la CUP han denunciado que detrás de la operación hay una voluntad del Estado de infundir "miedo", a las puertas de las movilizaciones que puede desatar la sentencia, mientras que los partidos constitucionalistas les recriminan que no se desmarquen de unos detenidos a quienes se acusa de preparar sabotajes violentos.
¿QUÉ HARÁN LOS CDR?
El independentismo oficial hace tiempo que se siente incómodo con el protagonismo que puntualmente tienen los CDR, con una estructura anarquizante, descentralizada y sin cabezas visibles, acostumbrados a actuar sin supeditarse a estrategias institucionales. Sus choques con los Mossos d'Esquadra en algunas manifestaciones ya habían puesto en alerta a los partidos del govern, por el temor a que las acciones incontroladas de los CDR agrietaran el relato de la no violencia, y las detenciones no hacen más que confirmar que el riesgo es real. Precisamente para canalizar las protestas tras la sentencia y evitar que se salgan de los cauces del pacifismo ha surgido Tsunami Democràtic, una iniciativa que también actúa desde el secretismo y basándose en la capacidad movilizadora de las redes sociales.
EL PAPEL DE TORRA
El 1 de octubre de 2018, en el primer aniversario de la efeméride, el presidente de la Generalitat, Quim Torra, se dirigió a "los amigos de los CDR" para animarlos a seguir presionando para hacer efectiva la independencia: "Apretad, hacéis bien en apretar", dijo en Sant Julià de Ramis (Girona), unas palabras que se han convertido desde entonces en munición para la oposición. Torra ha sido uno de los más vehementes a la hora de restar crédito a las acusaciones que pesan sobre los CDR detenidos, e incluso ha dirigido una carta al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, para mostrar su "indignación", al considerar que todo forma parte de una estrategia oculta para vincular el movimiento independentista al terrorismo. No ha esperado a conocer, pues, cuáles son los indicios recabados durante un año por la Guardia Civil, pese a que según el juez los detenidos podían haber incurrido en los delitos de pertenencia a organización terrorista, fabricación y tenencia de explosivos y conspiración para causar estragos.
CS Y PPC PIDEN ACCIÓN AL GOBIERNO
El primer efecto de la entrada en prisión de los CDR fue una tensa bronca en el Parlament entre diputados independentistas y de Cs, con cruce de insultos y crispadas discusiones en el hemiciclo. El presidente del grupo parlamentario de Ciudadanos, Carlos Carrizosa, acabó siendo expulsado tras ser llamado cuatro veces al orden, después de manifestar su "inmensa vergüenza" por las muestras de apoyo de los diputados de JxCat y ERC a los encarcelados. Tanto Cs como el PPC han alertado de la deriva "violenta" de un movimiento independentista que hace bandera del carácter pacífico de sus reivindicaciones. Ciudadanos ha planteado una moción de censura y el PP la apoyará. Pablo Casado ha reclamado a Sánchez que aplique la Ley de Seguridad Nacional, que supondría asumir el mando de los Mossos.
TODAS LAS MIRADAS EN LOS MOSSOS, OTRA VEZ
Se avecinan semanas complejas para el cuerpo de los Mossos d'Esquadra y para un conseller de Interior, Miquel Buch, más cuestionado que nunca entre las bases soberanistas, tras las cargas recientes contra unos manifestantes que trataban de impedir un desahucio en el barrio de Sants de Barcelona y tras la polémica por el posible uso de gas pimienta para atajar altercados este otoño. El propio Torra se ha mostrado a menudo más sensible con quienes critican la actuación de los Mossos que con los argumentos de su conseller, que antes del verano se mostraba dispuesto a desempeñar un papel relevante al frente de JxCat y que ahora se ve debilitado. Las protestas en la calle que puede desencadenar la sentencia del 'procés' pondrán más a prueba la resistencia de Buch y pueden situar a los Mossos como blanco de los reproches del soberanismo si vuelve a haber, como en ocasiones anteriores, choques con manifestantes. Por si faltaba algo, en vísperas del 1-O dimitió Andreu Martínez como director de los Mossos d’Esquadra. El consejero de Interior, Miquel Buch, se vio obligado a anunciar rápidamente que el sustituto era Pere Ferrer.
MÁS JUICIOS EN NOVIEMBRE
Más allá de un octubre que ya se prevé caliente, hay en el horizonte dos juicios que pueden remover todavía más el tablero político en Cataluña. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) fijó para el 18 de noviembre el juicio a Torra, que puede ser inhabilitado por no retirar a tiempo los lazos amarillos en campaña electoral, una hipotética inhabilitación que precipitaría nuevas elecciones si no fuese investido otro president, aunque antes el vicepresidente del govern, Pere Aragonès, asumiría de facto sus funciones.
Justo después, entre los días 19 y 22 de noviembre, el TSJC juzgará a los miembros soberanistas de la Mesa del Parlament durante la legislatura del 1-O y a la exdiputada de la CUP Mireia Boya por permitir la tramitación de las leyes de desconexión en 2017.
CAMPAÑA ELECTORAL
El mes de octubre se verá también condicionado por la repetición de las elecciones generales, el 10 de noviembre, que en Cataluña se celebrarán todavía bajo los efectos que provoque la sentencia del 'procés' que podría ayudar a movilizar al electorado de ERC y JxCat. El PSC las afronta con buenas expectativas y con la esperanza de arrebatar a ERC la victoria que consiguió el 28A; los comunes temen que les afecte la irrupción electoral de Íñigo Errejón con Más País; y Cayetana Álvarez de Toledo apunta a repetir como candidata del PPC, tras no haber logrado convencer a Inés Arrimadas y Cs para formar una lista unitaria. El proceso de reordenación del espacio político de JxCat -del que forman parte el PDeCAT y la Crida Nacional per la República- tenía que haber culminado en julio, pero las discrepancias internas sobre el proyecto estratégico y los nombres que deberán liderarlo obligaron a aplazarlo a septiembre; al final, nada se ha desencallado, y la cita del 10-N ha forzado a posponer de nuevo cualquier solución. La reunión celebrada en Bélgica por Artur Mas y Carles Puigdemont sirvió para avanzar, pero aún queda mucho debate interno por resolver. Si no es posible convertir JxCat -ahora un simple paraguas electoral- en una organización política unificada, Mas ya ha abierto la puerta a que el PDeCAT y la Crida mantengan sus estructuras y concurran en coalición cada vez que haya elecciones. Y entra en juego un nuevo actor en unas elecciones generales: se presenta por primera vez la CUP.