23F
Así es la Ley de Secretos Oficiales que permite levantar el secreto del 23F
Sánchez anuncia que levantará el secreto el 24 de febrero y que los documentos serán públicos tras su publicación en el BOE.
Cuarenta y cinco años después del intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, el Gobierno levantará la reserva sobre los documentos vinculados al 23F. El presidente, Pedro Sánchez, ha anunciado a través de la red social X que el Ejecutivo desclasificará los archivos "para saldar una deuda histórica con la ciudadanía". "La memoria no puede estar bajo llave" y las democracias deben conocer su pasado "para construir un futuro más libre", ha señalado.
La decisión se aprobará en Consejo de Ministros y será efectiva tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado. Desde ese momento, la documentación podrá consultarse en el portal oficial de La Moncloa, lo que permitirá el acceso a investigadores, medios y ciudadanos.
El marco legal que lo permite
La desclasificación se apoya en la Ley 9/1968, de Secretos Oficiales, que regula el régimen de clasificación y acceso a la información sensible del Estado. Esta norma establece que los documentos pueden mantenerse bajo reserva hasta un máximo de 50 años, salvo aquellos considerados de interés vital para la seguridad nacional.
En el caso del 23F, han transcurrido 45 años desde la asonada encabezada por el teniente coronel de la Guardia Civil Antonio Tejero, que irrumpió armado en el Congreso durante la segunda votación de investidura de Leopoldo Calvo-Sotelo. El plazo se sitúa dentro del margen que permite la ley, y la normativa contempla que el presidente del Gobierno o el Consejo de Ministros pueden autorizar la desclasificación.
Además, la legislación prevé que el interés histórico o público pueda justificar el levantamiento del secreto cuando no exista un riesgo actual para la seguridad del Estado.
Una reforma pendiente
En julio de 2025, el Consejo de Ministros aprobó el Proyecto de Ley de Información Clasificada, una norma destinada a sustituir la ley de 1968. El texto introduce límites temporales más definidos y fija un plazo máximo general de 45 años, prorrogable otros 15 en casos justificados.
El proyecto también establece que la información relativa a grandes violaciones de derechos humanos o crímenes de lesa humanidad no podrá ser clasificada. Sin embargo, siete meses después de su aprobación inicial, la tramitación parlamentaria continúa pendiente.
El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, señaló que si la tramitación fuera rápida, la nueva ley podría publicarse en el BOE en el último trimestre del año y entrar en vigor en 2026. Por el momento, la reforma no ha culminado su recorrido legislativo.
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