Independencia catalana
El documento contempla que de salir el 'sí' en el referéndum ilegal, el gobierno de la Generalitat activaría un proceso constituyente. Dicho proceso constaría de tres fases:
-El proceso participativo. Esta fase duraría seis meses y reuniría a diferentes representantes de la sociedad civil y dirigentes políticos para deliberar sobre la que sería la futura constitución catalana.
-Elecciones constituyentes y elaboración de una propuesta de Constitución por parte de la Asamblea Constitucional.
-Ratificación de la Constitución mediante un referéndum.
Hasta llegar a este último punto, en el que se ratificase una Constitución catalana, esta Ley de Transición regiría esta nueva nación catalana.
Tal y como se recoge en el primer capítulo de la ley de transición, Cataluña se convertiría en una República de derecho, democrática y social. Respetaría el derecho europeo y el internacional. Cataluña, dice la proposición de ley, "integrará automáticamente las nuevas normativas europeas que se dicten tras la aprobación de la nueva norma".
Nacionalidad
Las personas, que en el momento de entrar en vigor esta Ley, posean la nacionalidad española y estén empadronados en un municipio de Cataluña antes del 31 de diciembre de 2016. Los españoles empadronados con posterioridad a la entrada en vigor de esta Ley podrán solicitar la nacionalidad después de haber estado empadronados durante dos años continuados.
Empleados del Estado español
El personal del Estado español que preste servicios en Cataluña se integrará en la administración pública catalana.
Subrogación de contratos, convenios y acuerdos
El Estado catalán se reservaría el derecho a subrogar los contratos públicos, convenios y acuerdos del Estado español.
Régimen de colaboración
En el documento se recoge que el Govern impulsaría acuerdos con el Estado español para una colaboración conjunta de interés para ambas partes.
Tres lenguas
La Ley recoge el derecho a elegir entre tres lenguas: catalana: occitana y castellana. Dando por buena la ley política lingüística de 1998. Las tres lenguas tendrían el mismo estatus.