QUERELLA POR REBELIÓN, SEDICIÓN Y MALVERSACIÓN
Carles Puigdemont y cinco exconsellers se han trasladado a Bélgica con la opción de solicitar asilo político, mientras que el Govern -destituido el viernes por el Ejecutivo de Mariano Rajoy- ha decidido ceder al Estado el control de la administración autonómica catalana sin oponer resistencia.
En un enésimo giro imprevisto en el guion del proceso soberanista, la primera jornada laborable tras la declaración de independencia del pasado viernes en el Parlament ha venido marcada por el desplazamiento a Bruselas de Puigdemont y los hasta ahora consellers Joaquim Forn, Meritxell Borràs, Toni Comín, Dolors Bassa y Meritxell Serret. Un traslado del que, según diversas fuentes soberanistas, no tenían constancia previa altos dirigentes del PDeCAT y de ERC, incluso representantes de Junts pel Sí (JxSí) sobre quienes pesan querellas por todo este proceso desconocían estos planes del Govern y han encajado el anuncio con "perplejidad".
El cantautor y diputado de JxSí Lluís Llach ha dado por hecho el "exilio" de Puigdemont como "denuncia" contra España ante la comunidad internacional, después de que el secretario de Estado belga de Migración y Asilo, Theo Francken, del partido independentista flamenco N-VA, sugiriera que puede solicitar asilo, si bien el primer ministro, Charles Michel, lo desautorizó. El comisario general belga para los refugiados y los apátridas, Dirk Van den Bulcke, ha dicho que para que Bélgica conceda asilo a otro ciudadano europeo deben existir "señales serias de persecución" o de que corre riesgos en el país de origen.
El viaje -de Cataluña a Marsella en coche y, desde ahí, en avión hasta Bruselas- ha trascendido el mismo día en que la Fiscalía ha anunciado una querella contra Puigdemont y 13 exconsellers por rebelión, sedición y malversación y ha dirigido una segunda querella por esos mismos delitos al Tribunal Supremo contra la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y cinco miembros de la Mesa.
El abogado Paul Bekaert, que representó a la presunta etarra Natividad Jáuregui -cuya entrega a España fue rechazada por la Justicia belga-, ha confirmado que ha sido nombrado "consejero" por Puigdemont.
Desde que el Parlament declaró la independencia el pasado viernes, consciente de su debilidad ante la intervención de la autonomía en aplicación del artículo 155 de la Constitución, el Govern no dio un solo paso para hacer efectiva la "república" catalana, no firmó un solo decreto para desplegar la ley de transitoriedad jurídica y desactivó toda movilización del soberanismo en la calle para plantar cara al Estado. Por el contrario, y pese a la expectación levantada a primera hora por si los consellers cesados decidían resistirse a abandonar sus cargos y seguir trabajando en sus despachos, sólo Josep Rull ha acudido un rato a la sede de la consellería de Territorio y Sostenibilidad.
Rull -uno de los nombres que junto a Santi Vila más viene sonando en las quinielas para encabezar una candidatura del PDeCAT en las próximas elecciones catalanas- ha colgado en Twitter una fotografía suya en su despacho, pero la imagen era meramente simbólica, porque el Govern cesado ya no ha reemprendido su actividad institucional y tampoco celebrará ya su reunión habitual de cada martes en el Palau de la Generalitat. El Gobierno ha dado "unas horas" para que los exconsellers y altos cargos de la Generalitat recogiesen sus objetos personales de los despachos, con la "mayor discreción" y el principio de "intervención mínima".
Para facilitar el relevo institucional sin oponer resistencia, altos cargos del Govern están manteniendo contactos con secretarios de Estado, han explicado fuentes de la Generalitat. También el Parlament ha acatado su disolución y Forcadell ha dado por desconvocada la reunión de la Mesa prevista para mañana, al considerar que su convocatoria ha quedado "sin efectos".