Presupuestos
El "no" de Junts supone que el Gobierno de Pedro Sánchez no tenga votos suficientes sacar adelante la senda de estabilidad, complica el calendario presupuestario.
Se debatían hoy martes los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para el conjunto de administraciones, un paso imprescindible para la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado de 2025 que el Gobierno quiere tener listos en tiempo y forma para el final de año.
La ley de techo de gasto de 2025 ha sido rechazada por el Congreso con 178 noes frente a 171 síes. Entre los partidos que la han rechazado está Junts. El portavoz adjunto del partido en el Congreso, Josep Maria Cruset, había anunciado que su formación votaría este martes en contra de la senda de estabilidad, lo que supone la devolución al Gobierno de las metas de déficit y deuda, así como el techo de gasto de 2025.
Cruset, en declaraciones a los medios en el patio del Congreso, ha justificado este rechazo por la baja ejecución de presupuestos anteriores en Cataluña y ha explicado que el Gobierno no podrá contar con los siete votos de Junts para la tramitación de los Presupuestos de 2025 hasta que esta situación se revierta. Ha apuntado que Junts escuchó "atentamente" la intervención de la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, pero "no ha habido ningún cambio en este posicionamiento", por lo que el Gobierno "no puede contar con los siete votos" de su partido para la tramitación de los Presupuestos: "hoy votaremos en contra de este primer trámite".
La votación se ha producido un día antes de la reuniónque mantendrán mañana miércoles en Barcelona el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente de la Generalitat en funciones, Pere Aragonès.
La falta de apoyos de Junts, que deja al Ejecutivo sin votos suficientes para sacar adelante la senda de estabilidad, complica el calendario presupuestario. Esto obligará al Gobierno a aprobar una nueva senda e iniciar de nuevo el procedimiento parlamentario.
Cruset ha comparado el 45 % de ejecución presupuestaria en Cataluña en 2023 con el 212 % de ejecución en la Comunidad de Madrid y el 115 % en Castilla-La Mancha y ha subrayado que Cataluña "queda en el porcentaje de ejecución más bajo de todo el Estado" a pesar de ser "la tercera comunidad autónoma en esfuerzo fiscal y de aportación de recursos a través de tributos". Según sus datos, se ha dejado de invertir en los últimos años 8.000 millones de euros en Cataluña a través de esta no ejecución de los Presupuestos Generales del Estado, mientras que se han "sobreinvertido 4.000 millones de euros en la Comunidad de Madrid".
El diputado ha recordado también que habían pedido al Gobierno que en estos objetivos de estabilidad presupuestaria se dotara de una décima más de capacidad a las comunidades autónomas, sin que su petición fuera aceptada.
La senda de estabilidad rechazada preveía que el déficit público bajara del 3 % del PIB que se espera para este año al 2,5 % del PIB en 2025, el 2,1 % del PIB en 2026 y el 1,8 % del PIB en 2027, con unas metas menos estrictas para comunidades autónomas y ayuntamientos que en las anteriores estimaciones -0,1 % del PIB y equilibrio para todo el periodo, respectivamente. La regla de gasto (indicador fundamental para las nuevas reglas fiscales europeas) quedaba fijada en el 3,2 % para 2025, el 3,3 % para 2026 y el 3,4 % para 2027, lo que ayudaría a bajar la deuda pública al 103,6 %del PIB, el 101,8 % del PIB y el 99,7 % del PIB, respectivamente.
El techo de gasto proponía para el próximo año situarse en un récord de 195.353 millones de euros, un 3,2 % más, una cifra que se elevaba hasta los 199.171 millones al incluir los 3.818 millones de fondos europeos
Todo esto hace que el calendario presupuestario se complique. De acuerdo con la Ley de Estabilidad Presupuestaria, el rechazo de la senda de estabilidad obliga al Gobierno a aprobar, en un plazo de cuatro semanas, unas nuevas metas para su posterior remisión al Congreso, que la próxima semana inicia su parón de agosto. En caso de que esa segunda senda resultara aprobada, tendría que pasar al Senado, donde todo apunta a que sería rechazada con la mayoría absoluta del PP, lo que obligaría a devolverla al Senado para que levante ese veto, un proceso que llevaría varias semanas. Hasta que no haya una senda de estabilidad el Gobierno no puede presentar los presupuestos de 2025, algo que debería hacer antes de final de septiembre para que se tramiten en las Cortes en los últimos tres meses del año y entren en vigor el 1 de enero próximo. El Gobierno no ha aprobado ningunos presupuestos en esta legislatura, ya que renunció a presentar los de 2024 tras la convocatoria de elecciones en Cataluña, ya que esto complicaba la negociación con sus socios.
Aún así, el Ejecutivo puede continuar con la elaboración de los PGE, aunque con la senda de déficit vigente, que es más exigente para las comunidades autónomas y los ayuntamientos.
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