A TRAVÉS DE TWITTER
El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha publicado un nuevo tuit con instrucciones para localizar el punto de votación de aquellos catalanes que quieran participar en el referéndum del 1-O, suspendido por el Tribunal Constitucional.
El mensaje de Puigdemont incluye un enlace que, sin embargo, ya no es operativo y que el acceder al mismo advierte que "la página no se puede mostrar". El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ordenó el cierre de tres nuevas páginas web para acceder a los puntos de votación del referéndum del 1 de octubre, entre ellas un enlace publicado también por Carles Puigdemont a través de Twitter.
En concreto, la magistrada de la Sala Civil y Penal Mercedes Armas, que instruye la causa contra el Govern por el referéndum del 1-O, dio orden a la Guardia Civil para que quedaran fuera de línea e inhabilitadas" las webs onvotar.garantiespelreferendum.com, http://www.referendum.fun y https://gateway.ipfs.io.
La magistrada autoriza asimismo a bloquear "las webs o dominios que aparezcan publicitados en cualquier cuenta o red social oficial de los miembros del Govern por las que directa e indirectamente, incluso remitiendo a otras cuentas, se informara, a través de enlaces, de cómo acceder a dominios cuyos contenidos guardaran relación con los que ahora se bloquean".
La Generalitat eleva a la CE la "censura" del Estado al cerrar webs vinculadas al 1-O
El secretario de Telecomunicaciones, Ciberseguridad y Sociedad Digital de la Generalitat, Jordi Puigneró, ha enviado una carta al comisario europeo de TIC, Andrus Ansip, para "denunciar los abusos y la censura del Estado en materia de acceso a Internet" por el cierre de webs vinculadas al referéndum del 1-O, ha anunciado en las redes sociales.
Considera que es una irregularidad "en el contexto de la represión ilegal en curso" en el Estado hacia las instituciones catalanas, según el documento que Puigneró ha divulgado en su cuenta de Twitter, recogido por Europa Press. La carta, fechada este domingo, pide Ansip hacer visible la situación en la CE por su papel político y legal de "principal protector del Internet abierto y libre".
El Govern alega que se incumplen normas europeas: la Regulación EU 2015/2120 del Parlamento Europeo (artículo 3[3]); la ley del Consejo Europeo del 25 de noviembre de 2015 sobre acceso a Internet abierto; la Directiva 2002/21/EC del Parlamento Europeo (artículo 1[3]); y la del Consejo Europeo del 7 de marzo de 2002 sobre un marco regulatorio común para las redes y servicios de comunicaciones electrónicas.