EN UN COMUNICADO

Puigdemont y los exconsellers que están en Bruselas anuncian que no irán a declarar a la Audiencia Nacional

El Govern de la Generalitat cesado ha afirmado que Carles Puigdemont y los exconsellers que se encuentran junto a él en Bruselas no prevén declarar en la Audiencia Nacional al considerar que se trata de un juicio político "efectuado al dictado del Gobierno del Estado Español".

El Govern de la Generalitat cesado ha afirmado este miércoles que el presidente cesado, Carles Puigdemont, y los exconsellers que están con él en Bruselas no prevén ir a declarar a la Audiencia Nacional este jueves y viernes al considerar que se trata de un juicio político "efectuado al dictado del Gobierno del Estado español", pero que parte del Ejecutivo cesado sí acudirá.

En un comunicado difundido por el Govern cesado, explica que parte de los exconsellers comparecerán ante la juez Carmen Lamela "como denuncia de la falta de garantías del sistema judicial español y de su voluntad de perseguir ideas políticas", mientras que el resto permanecerá en Bruselas para hacer llegar su queja a las instituciones europeas.

El texto aclara que Puigdemont y los exconsellers que se encuentran en Bélgica no pretenden "en ningún caso" eludir la justicia, y afirma que responderán a las citaciones -que recuerda que han recibido en un breve plazo- según los mecanismos previstos por la Unión Europea, que no detalla.

Puigdemont ofreció el martes una rueda de prensa desde la capital comunitaria flanqueado por los consellers cesados de Gobernación, Meritxell Borràs; Salud, Toni Comín; Enseñanza, Clara Ponsatí; Interior, Joaquim Forn; Trabajo, Dolors Bassa, y Agricultura, Meritxell Serret, de los que al menos Forn y Bassa han regresado a España.

El Govern cesado ha expresado su compromiso con la defensa de los derechos y libertades en Cataluña, y ha avisado de que afrontarán las posibles penas "como una denuncia de la situación que vive la democracia en el Estado español y como un grito a favor de la libertad" de Cataluña.

Además, se reivindica como "el Govern legítimo de la Generalitat" y alerta de que el sumario no tiene fundamento jurídico y solo busca castigar ideas, asegura.

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