Fiscal general del Estado
El ministro de Transportes afirma que "lo que no tiene sentido de partida es la propia investigación".
El jueves conocimos que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil encontró "cero mensajes pertenecientes a cualquier tipo de aplicación de mensajería instantánea" en el periodo comprendido entre el 8 y el 14 de marzo en el teléfono móvil y correo del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Se trata del periodo en el que se filtró presuntamente información de la investigación por fraude de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Sin embargo, la UCO sí que halló mensajes enviados y recibidos en esas mismas fechas por García Ortiz en el teléfono móvil de la otra imputada, la fiscal jefe provincial de Madrid, Pilar Rodríguez. Este tema lo ha abordado el ministro de Transportes, Óscar Puente, en Espejo Público.
Puente ha arremetido contra la propia investigación al fiscal general del Estado. "A mí me parece extraño que haya una investigación sobre una filtración que es algo constante en nuestra vida política. Todos los días hay filtraciones", destacaba el ministro de Transportes a Susanna Griso. "He visto muchos mensajes que no tienen trascendencia legal. Esto es un disparate de partida", comenta sobre los mensajes publicados en el informe de la UCO.
"Lo que no tiene sentido de partida es la propia investigación", reitera Puente. "Aquí se pone la maquinaria del Estado a funcionar para resolver un problema de alguien que, por otro lado, se dice que es un particular. Pues para ser un particular, ha puesto en jaque a la Fiscalía General del Estado, Tribunal Supremo, la política del país. Aquí se pierde de vista el punto de partida. El punto es que la persona que comparte su vida con la presidenta de la Comunidad de Madrid, presuntamente ha cometido un delito de fraude fiscal. Y eso no tiene un pase. La reacción es: vamos a embarrar todo para intentar salvar la cara de la presidenta de la Comunidad de Madrid", apostillaba.
José Luis Ábalos pasó al Grupo Mixto tras insistir el PSOE en que dejara su acta como diputado por el 'caso Koldo'. El juez del Supremo Leopoldo Puente ha pedido al Congreso el suplicatorio del exministro al haber apreciado en su actuación indicios de delitos de integración en organización criminal, tráfico de influencias, cohecho y malversación.
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